Renunció el fiscal general español tras su condena judicial
Álvaro García Ortiz dejó el cargo tras ser inhabilitado por revelar datos reservados. La sentencia impacta en el gobierno de Pedro Sánchez y profundiza la tensión política.
El fiscal general del Estado de España, Álvaro García Ortiz, presentó su renuncia luego de que el Tribunal Supremo lo condenara a dos años de inhabilitación por divulgar información reservada. La pena está vinculada a la filtración de datos de una causa que involucra al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, acusado de un presunto delito fiscal. García Ortiz pidió su cese sin esperar la publicación completa de los fundamentos y expresó respeto por la resolución judicial.
La condena incluye además una indemnización de 10.000 euros al empresario afectado y el pago de las costas del juicio. El fallo no fue unánime: dos de los siete magistrados presentaron votos en disidencia. En el proceso, García Ortiz negó haber filtrado correos a la prensa y los periodistas que declararon también descartaron que él fuera la fuente.
El caso generó fuertes reacciones. El gobierno español y sus aliados parlamentarios cuestionaron la sentencia, mientras que el Partido Popular y Vox la respaldaron. Pedro Sánchez afirmó que sigue creyendo en la inocencia del fiscal y discrepó con el fallo, aunque aceptó la renuncia. Para el presidente, la decisión es un golpe político, ya que él mismo había propuesto y defendido a García Ortiz.
La condena se da en un contexto de creciente polarización y abre un escenario complejo para la administración socialista, que enfrenta investigaciones judiciales que involucran a figuras cercanas a Sánchez, entre ellas su esposa y antiguos colaboradores. La oposición renovó sus pedidos de dimisión del presidente, aunque no se prevén cambios inmediatos en el gobierno.
