Gobierno libera los aranceles de los colegios privados
Los institutos podrán fijar matrículas y cuotas sin autorización estatal, tras la derogación de una norma que regía desde 1993.
El Gobierno eliminó el sistema de control estatal sobre los aranceles de los colegios privados al derogar el Decreto 2417/1993, que regulaba desde hace más de tres décadas la relación entre el Estado y los institutos de gestión privada en todo el país. La medida, formalizada mediante el Decreto 787/2025 publicado en el Boletín Oficial, permite que las instituciones determinen libremente el valor de sus matrículas y cuotas, sin la obligación de comunicar ni solicitar autorización previa al Estado nacional.
Según los fundamentos oficiales, el esquema anterior “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos a las realidades educativas y económicas del país”. El texto explica que el marco regulatorio respondía a una época en la que la educación dependía de la administración nacional y que, tras el traspaso de competencias a las provincias, era necesario “revisar la normativa vigente” para garantizar un entorno más flexible para las instituciones privadas.
El decreto también señala que la intervención estatal “generó efectos contraproducentes” sobre el funcionamiento del sector, al restringir la capacidad de los colegios de ajustar sus precios frente a las fluctuaciones del mercado. En consecuencia, muchas instituciones anticipaban aumentos mayores al inicio del ciclo lectivo para cubrirse ante eventuales trabas administrativas.
Desde el Ejecutivo se argumenta que la desregulación contribuirá a “mejorar la competitividad y la calidad del servicio educativo”, ya que los colegios podrán responder con mayor agilidad a los cambios en sus costos operativos y definir salarios de acuerdo con sus posibilidades financieras.
Finalmente, el Gobierno instruyó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las disposiciones del Decreto 2542/1991, considerado la norma madre del sistema de financiamiento privado, con el objetivo de avanzar hacia un esquema que promueva la libre contratación y la competencia en el sector educativo.
