Sánchez queda bajo presión por la crisis migratoria en Ceuta y evita responsabilizar a Marruecos
El presidente español defendió en el Congreso su gestión del ingreso masivo de unas 80.000 personas y rechazó atribuir la operación a las autoridades marroquíes. Un informe policial sostiene, en cambio, que gendarmes de Marruecos planificaron y guiaron la entrada.
Pedro Sánchez volvió a quedar en el centro de las críticas por la crisis migratoria que desbordó Ceuta, después de que un informe de la Policía Nacional señalara una posible participación de fuerzas marroquíes en el ingreso masivo de extranjeros ocurrido entre el 30 y el 31 de julio.
Durante más de una hora ante el Congreso, el presidente español sostuvo que no existen pruebas suficientes para concluir que las autoridades de Marruecos hayan diseñado o ejecutado la operación. “Al día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir” esa hipótesis, afirmó, y defendió la necesidad de actuar sobre la base de evidencias para evitar un conflicto diplomático con un país vecino.
Unas 80.000 personas cruzaron la frontera hacia Ceuta durante aquella jornada. Aunque la mayoría fue devuelta a Marruecos, alrededor de 5.000 inmigrantes permanecen en el enclave español, entre ellos unos 1.200 menores que llegaron solos.
La posición de Sánchez quedó cuestionada después de que una jueza de la Audiencia Nacional solicitara un informe al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional. El documento sostiene que la entrada masiva fue planificada y guiada por gendarmes marroquíes.
El mandatario aseguró que España debe continuar cooperando con Marruecos, aunque reconoció que esa relación deberá modificarse después de lo ocurrido. También reveló que el Gobierno convocó el 21 de agosto a la embajadora marroquí para expresar su rechazo a declaraciones de ministros de ese país que reclamaron la soberanía sobre Ceuta y Melilla.
Sánchez atribuyó parte de la crisis a la difusión de información falsa en redes sociales. Según explicó, circularon versiones que aseguraban que la frontera estaba abierta y que quienes ingresaran nadando no podrían ser devueltos.
El Gobierno español también prepara cambios en la legislación migratoria. Entre ellos, una reforma para acelerar las devoluciones de quienes ingresen irregularmente y un sistema que busca resolver las solicitudes de asilo en un plazo de tres meses.
La oposición aprovechó la crisis para reclamar la salida de Sánchez. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, responsabilizó al Gobierno por el descontrol fronterizo y advirtió que el presidente deberá responder “ante la Justicia y ante las urnas”.
Sánchez, en tanto, defendió su política migratoria, basada en la lucha contra las mafias, la apertura de vías legales de migración y la cooperación con los países de origen y tránsito.
