San Luis avanza con una reforma constitucional que busca terminar con la reelección indefinida
El proyecto ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora necesita dos tercios en Diputados. También propone eliminar las elecciones legislativas de medio término, limitar la edad de los jueces e incorporar derechos vinculados con la inteligencia artificial.

La reforma de la Constitución de San Luis avanza en la Legislatura provincial con una serie de cambios que modificarían el sistema político, judicial y tecnológico de la provincia. El proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora el oficialismo busca reunir los dos tercios necesarios en la Cámara de Diputados.
La iniciativa plantea modificar 23 artículos, incorporar otros 23 y crear cuatro nuevos capítulos. Uno de los puntos centrales es el límite a la reelección del gobernador. A diferencia del esquema vigente, que permite mandatos indefinidos, la propuesta establece que un mandatario podrá gobernar durante un máximo de dos períodos, sean consecutivos o no. Una vez cumplidos, quedará impedido de volver a competir por el cargo.
El gobernador Claudio Poggi, que ocupó el cargo entre 2011 y 2015 y volvió a ser elegido en 2023, tendrá una consideración particular. El proyecto establece que su actual mandato será contabilizado como el primero, por lo que podrá aspirar a una única reelección.
Otro cambio relevante es la eliminación de las elecciones de medio término para renovar la Legislatura, integrada por nueve senadores y 43 diputados. Los legisladores elegidos en 2025 extenderían excepcionalmente sus mandatos hasta 2031, una medida cuestionada por sectores opositores que consideran que implica modificar el plazo para el que fueron elegidos.
La reforma también ampliaría el período de sesiones legislativas, que pasaría de comenzar el 1° de abril y finalizar a fines de noviembre a extenderse del 15 de marzo al 31 de diciembre.
En materia judicial, se incorporaría un límite de edad de 75 años para los jueces. Además, el proyecto incluye disposiciones sobre inteligencia artificial y nuevas tecnologías, como identidad digital, protección de datos frente a algoritmos, uso ético de la tecnología, dignidad humana y acceso universal a la conectividad.
El planteo fue impulsado, entre otros, por el obispo de San Luis, Gabriel Barba, quien pidió establecer la necesidad de mantener control humano frente al avance de la inteligencia artificial.
