Las universidades mantienen el reclamo por el financiamiento y el Gobierno apelará la multa judicial
Las casas de estudio consideran “muy importante” la sanción económica impuesta a Diego Santilli, pero ratifican su reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En la previa de una nueva marcha federal, el Ejecutivo anticipó que apelará tanto la multa diaria de $100.000 como el fallo que ordenó aplicar la norma.
A horas de una nueva movilización en defensa del financiamiento universitario, las universidades mantienen firme su reclamo mientras el Gobierno prepara una apelación contra las últimas decisiones judiciales. El juez federal Martín Cormick impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la actualización de los salarios docentes y no docentes y la garantía del fondo de becas previsto en la ley.
La resolución respondió a una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que advirtió que el Estado continuaba sin cumplir la medida cautelar confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio. Desde las universidades consideran que la sanción representa un avance importante, aunque sostienen que el objetivo central sigue siendo lograr la aplicación efectiva de la ley.
En Casa Rosada anticiparon que recurrirán la decisión judicial y cuestionaron al magistrado. Fuentes del Gobierno afirmaron que Cormick falló reiteradamente en contra de la administración de Javier Milei y lo vincularon con La Cámpora. También recordaron que el juez había buscado declarar nulo el protocolo antipiquetes.
El Poder Ejecutivo había solicitado que la apelación tuviera efecto suspensivo para evitar afrontar los gastos derivados del fallo hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Sin embargo, el magistrado rechazó ese pedido.
La administración libertaria sostiene que ya otorgó incrementos salariales significativos al sector universitario desde diciembre de 2023. Según sus cálculos, los aumentos acumulados, incluida la suba del 21,33% dispuesta en junio, alcanzaron el 226,80%. El Gobierno considera que esa evolución se ajusta a las exigencias de la medida cautelar y argumenta que no puede asumir mayores erogaciones sin comprometer el equilibrio fiscal.
El conflicto se mantiene abierto en la antesala de una nueva marcha universitaria. Mientras las instituciones reclaman el cumplimiento de la legislación aprobada por el Congreso, el Ejecutivo busca revertir las decisiones judiciales y defiende su política salarial y presupuestaria para el sector.
