La Justicia volvió a intimar al Gobierno por la actualización salarial universitaria
El juez Cormick amplió los fundamentos de su decisión y mantuvo la medida cautelar relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno recibió un nuevo plazo de cinco días para actualizar los salarios.
La Justicia volvió a intimar al Gobierno nacional en relación con la actualización de los salarios de los trabajadores universitarios, en el marco del conflicto generado alrededor de la Ley de Financiamiento Universitario.
El juez Cormick amplió los fundamentos de la medida cautelar que había dispuesto previamente y ratificó su decisión. En el nuevo pronunciamiento, estableció además un plazo adicional de cinco días para que el Gobierno avance con la actualización salarial contemplada en la resolución judicial.
La medida se produce mientras continúa la disputa entre el Poder Ejecutivo y el sector universitario por el financiamiento de las instituciones y la evolución de los salarios. La ley establece mecanismos vinculados con la actualización de los recursos destinados al sistema, mientras el Gobierno cuestiona distintos aspectos de su aplicación.
La Justicia intervino a partir de los reclamos presentados contra la posición del Poder Ejecutivo y dictó una medida cautelar que obliga al Gobierno a adoptar determinadas acciones respecto de los salarios.
Con la nueva resolución, el juez amplió los fundamentos de la decisión original y ratificó la vigencia de la cautelar. Además, otorgó cinco días adicionales para que el Ejecutivo cumpla con la actualización salarial ordenada.
El plazo establece un nuevo período para que el Gobierno instrumente las medidas correspondientes. La intimación judicial mantiene abierto el conflicto en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La disputa involucra tanto cuestiones presupuestarias como salariales. Las universidades y los trabajadores reclaman el cumplimiento de las disposiciones vinculadas con el financiamiento, mientras el Gobierno sostiene su posición respecto del impacto de la norma sobre las cuentas públicas.
La decisión del juez Cormick vuelve a colocar al Poder Ejecutivo ante la necesidad de responder a una orden judicial. El nuevo plazo comenzará a correr a partir de la notificación correspondiente.
La resolución también mantiene vigente la discusión sobre el alcance de las obligaciones establecidas por la Ley de Financiamiento Universitario y sobre las medidas que debe adoptar el Gobierno para cumplir con la actualización salarial reclamada.
