La Justicia pidió investigar a Duhalde, Verbitsky y otros vacunados durante el escándalo VIP
El fiscal Eduardo Taiano solicitó que se indague a más de 30 personas que recibieron vacunas contra el Covid durante la pandemia en circunstancias cuestionadas. La decisión llega cinco años después y ahora deberá resolver la jueza María Eugenia Capuchetti.
Cinco años después del escándalo por la distribución irregular de vacunas contra el coronavirus, la Justicia volvió a poner el foco sobre quienes fueron beneficiados por el denominado “vacunatorio VIP”. El fiscal federal Eduardo Taiano pidió que sean indagados Eduardo Duhalde, Horacio Verbitsky y otras personas que recibieron dosis durante aquella etapa de la pandemia.
La solicitud alcanza a más de 30 vacunados y busca determinar las responsabilidades individuales en torno al mecanismo utilizado para acceder a las vacunas antes de que correspondieran por los criterios establecidos oficialmente.
El episodio había generado una fuerte repercusión política en 2021, cuando se conoció que personas vinculadas con el poder habían recibido dosis en momentos en que el proceso de vacunación todavía estaba limitado a determinados grupos considerados prioritarios. El escándalo provocó consecuencias políticas y puso en discusión los criterios utilizados para distribuir las vacunas.
Ahora, el fiscal Taiano considera que existen elementos suficientes para avanzar con las indagatorias. La decisión final estará en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien deberá analizar el pedido y determinar si corresponde citar a los involucrados.
Entre las personas alcanzadas por la solicitud aparecen figuras de alto perfil político e intelectual, entre ellas el expresidente Eduardo Duhalde y el periodista Horacio Verbitsky. La investigación busca establecer qué responsabilidades podrían corresponder a quienes recibieron las vacunas y bajo qué circunstancias se produjo cada aplicación.
El paso judicial se produce varios años después de los hechos, en una causa que atravesó distintas etapas y que vuelve a cobrar impulso. La demora temporal es uno de los aspectos que rodean el expediente, aunque la fiscalía considera que todavía existen elementos que justifican continuar con la investigación.
La eventual convocatoria a indagatoria no implica una condena ni determina responsabilidad penal. Se trata de una instancia destinada a que los investigados conozcan formalmente la acusación y puedan ejercer su derecho de defensa.
La decisión de Capuchetti será clave para determinar si el caso avanza hacia una nueva etapa judicial y si el escándalo de las vacunaciones irregulares vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política y judicial.
