La Justicia frenó la privatización de AySA y ordenó revisar el impacto ambiental antes de avanzar
Un juzgado federal de La Plata dictó una medida cautelar que suspende el proceso impulsado por el Gobierno para vender la empresa de agua y saneamiento. La resolución cuestiona la falta de estudios sobre el pasivo ambiental.
La Justicia frenó temporalmente los planes del Gobierno para avanzar con la privatización de AySA luego de que un juzgado federal de La Plata dictara una medida cautelar que suspende el proceso.
La resolución establece que antes de continuar con la venta de la empresa deberá realizarse una evaluación sobre el impacto ambiental y el posible pasivo acumulado.
El fallo pone bajo análisis uno de los principales puntos cuestionados por sectores que se oponen a la privatización: las condiciones ambientales y financieras en las que se encuentra la compañía.
El Gobierno había impulsado la apertura del proceso como parte de su programa de reducción de la participación estatal en empresas públicas.
Desde el Ejecutivo sostienen que la transferencia al sector privado permitiría mejorar la eficiencia y reducir costos para el Estado.
Sin embargo, organizaciones y sectores políticos críticos plantearon reparos sobre la necesidad de garantizar controles antes de modificar la estructura de una empresa estratégica vinculada al servicio de agua y saneamiento.
La decisión judicial no implica un cierre definitivo del proceso, pero sí establece un freno hasta que se cumplan los requisitos considerados necesarios.
AySA presta un servicio esencial para millones de usuarios y su eventual privatización generó un fuerte debate político y económico.
El Gobierno deberá ahora responder a las observaciones judiciales y presentar la información requerida para intentar continuar con el proceso.
La medida abre una nueva disputa entre la agenda de reformas del Ejecutivo y los controles institucionales sobre sus decisiones.
