Femicidio en Córdoba: cuestionan a un juez por no actuar ante las alertas sobre el agresor
El hombre acusado de asesinar a su expareja tenía una condena en suspenso por violencia familiar y había incumplido varias obligaciones impuestas por la Justicia. El Patronato del Liberado había informado la situación, pero no hubo medidas antes del crimen.
El femicidio de Rocío Gómez, ocurrido en la localidad cordobesa de Santa María de Punilla, abrió una fuerte polémica por la actuación judicial previa contra el acusado, Máximo Ezequiel Baudraco. El hombre tenía una condena anterior por amenazas y resistencia a la autoridad en un contexto de violencia familiar, pero continuaba en libertad pese a los incumplimientos advertidos por organismos oficiales.
Baudraco había recibido en 2025 una pena de dos años de ejecución condicional. Entre las condiciones establecidas figuraban presentarse ante el Patronato del Liberado, realizar tareas comunitarias, completar estudios, evitar el consumo de alcohol y drogas, cumplir un tratamiento psicológico por violencia familiar y respetar una restricción de acercamiento respecto de la víctima.
Según informó Patricia Corbalán, directora del Patronato del Liberado del Ministerio de Justicia y Trabajo de Córdoba, el acusado solo se presentó una vez ante el organismo y luego dejó de cumplir con las pautas fijadas. La situación fue comunicada al juez de Ejecución Penal N° 1, Facundo Moyano Centeno, pero no se dispusieron nuevas medidas.
De acuerdo con la investigación, Baudraco y Gómez se encontraban juntos el domingo previo al crimen. Durante la madrugada del lunes mantuvieron una discusión que terminó con el ataque: primero la golpeó y luego la apuñaló. Tras el femicidio, el acusado salió de la vivienda, habló con un vecino y reconoció que había herido a la joven. Poco después fue detenido en un terreno cercano.
El caso sumó otro elemento de gravedad: familiares y vecinos aseguraron que la violencia era habitual y que Baudraco concurría con frecuencia al domicilio de la víctima. Además, era padre de una de las tres hijas de Gómez y también tenía un vínculo familiar con ella.
La situación del juez Moyano Centeno ya había sido cuestionada anteriormente por otro caso. El magistrado intervino en el control de la prisión domiciliaria del expolicía Horacio Grasso, condenado por un homicidio y posteriormente acusado de nuevos delitos mientras cumplía una pena bajo esa modalidad.
