El Gobierno modifica el plan de patentes para destrabar una pelea farmacéutica

El oficialismo incorporó una reserva al Tratado de Cooperación en materia de Patentes para conseguir apoyo en el Congreso y acercar posiciones entre laboratorios nacionales e internacionales, enfrentados por el impacto que tendría la medida.

El Gobierno decidió intervenir en la disputa entre los distintos sectores de la industria farmacéutica por la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una iniciativa que busca modernizar el sistema de registro de innovaciones pero que generó fuertes diferencias entre laboratorios nacionales y extranjeros.

Para destrabar el avance del proyecto en el Congreso, el oficialismo incorporó una modificación reclamada por la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), que agrupa a los laboratorios locales. Se trata de una reserva sobre el Capítulo II del acuerdo, que dejaría suspendida la aplicación de una parte del tratado hasta una eventual nueva aprobación legislativa.

El PCT es un sistema internacional que permite presentar una única solicitud de patente válida para iniciar trámites en 158 países y extiende de 12 a 30 meses el plazo para decidir en qué mercados proteger una invención. Además, incorpora informes preliminares internacionales que pueden ser utilizados como referencia por las oficinas nacionales de propiedad industrial.

Los laboratorios argentinos cuestionan especialmente ese último punto. Según Cilfa, los informes elaborados por organismos extranjeros podrían influir en las decisiones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y facilitar la aprobación de patentes que actualmente son rechazadas.

La entidad sostiene que esto podría favorecer una práctica conocida como “evergreening”, mediante la cual algunas compañías extienden la protección de sus productos mediante modificaciones menores, limitando la competencia y afectando el acceso a medicamentos.

Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que representa a laboratorios internacionales, rechazaron esas críticas y señalaron que las patentes no se otorgan automáticamente, ya que cada solicitud debe cumplir con los requisitos legales de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

El Gobierno defendió la adhesión al tratado al considerar que permitirá reducir costos, agilizar procesos y brindar mayor previsibilidad para investigadores, universidades y empresas. Sin embargo, reconoció que aceptó incorporar la reserva al Capítulo II para superar la resistencia de la industria local.

La discusión continuará en el Congreso, donde el oficialismo busca aprobar un acuerdo considerado clave dentro de sus compromisos comerciales internacionales, mientras intenta equilibrar los reclamos de los distintos actores del mercado farmacéutico argentino.

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