El Gobierno analiza un piso salarial de $1,07 millones para los trabajadores de menores ingresos
La Casa Rosada negocia con la CGT un esquema de bonos o sumas fijas no remunerativas que permita elevar los salarios más bajos sin modificar el límite del 2% mensual para las paritarias. El objetivo también es recuperar consumo y evitar que la pérdida de poder adquisitivo se convierta en un costo político para Javier Milei.
El Gobierno comenzó a explorar con la dirigencia sindical un mecanismo para garantizar que los salarios más bajos de los convenios colectivos alcancen un piso de $1.070.000 brutos, unos $860.000 de bolsillo. La propuesta contempla complementar los aumentos porcentuales acordados en paritarias con bonos o sumas fijas no remunerativas, mientras se mantiene el tope del 2% mensual como referencia para las subas salariales que se homologan.
La iniciativa fue discutida en reuniones reservadas entre funcionarios y referentes de la CGT y representa una flexibilización de la estrategia salarial de la administración de Javier Milei. El esquema apuntaría especialmente a trabajadores de sectores con ingresos más bajos, como textiles, peones rurales, metalúrgicos, trabajadores del calzado, construcción, gastronomía y maestranza. En varias de esas actividades, los salarios brutos de las categorías inferiores se ubican actualmente entre $800.000 y $1 millón, por debajo de la línea de pobreza.
Desde el Gobierno sostienen que la medida no implicaría un aumento del gasto público ni transferencias estatales, por lo que rechazan compararla con un eventual “Plan Platita”. La intención también es estimular el consumo en un contexto de actividad económica estancada.
La CGT, sin embargo, considera insuficiente la propuesta. La central sindical pretende que el piso salarial se equipare con la canasta básica total, que en julio alcanzó los $1.564.000. “No es suficiente”, advirtió un dirigente de la cúpula cegetista, mientras otro cuestionó que el Gobierno busque “maquillar la realidad”.
El Ejecutivo también deberá enfrentar la resistencia empresaria, ya que distintas cámaras advierten dificultades para afrontar nuevas subas.
El cambio ocurre mientras los salarios pierden poder adquisitivo. En junio, los ingresos privados registrados aumentaron 1,9%, frente a una inflación de 2,1%. En el último año crecieron 29,6%, contra cerca de 34% de inflación, y desde el inicio de la gestión de Milei acumulan una caída real del 3,6%.
