Crecen las críticas al decreto que limita la participación pública en la elección de jueces
Especialistas constitucionales y organizaciones civiles cuestionaron la reforma impulsada por el Gobierno y advirtieron que podría afectar mecanismos de transparencia institucional.
El decreto del Gobierno que modificó el proceso de selección de jueces generó una fuerte reacción negativa entre especialistas, organizaciones civiles y sectores vinculados al sistema judicial.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la reducción de espacios de participación pública en el proceso de elección de magistrados, un mecanismo que buscaba aportar mayor transparencia y control ciudadano.
Un constitucionalista incluso planteó que la norma debería ser analizada por la Justicia para determinar si respeta los principios establecidos por la Constitución.
Organizaciones como Poder Ciudadano y representantes del Colegio de la Abogacía de la Capital señalaron que la reforma representa un retroceso en la posibilidad de que la sociedad participe en decisiones vinculadas al funcionamiento del Poder Judicial.
Desde el Gobierno defienden la medida y sostienen que permitirá mejorar los tiempos de selección de jueces y evitar demoras en la cobertura de cargos vacantes.
La discusión se concentra en cómo debe funcionar el equilibrio entre eficiencia administrativa y controles institucionales.
Los críticos consideran que los cambios reducen herramientas que permitían evaluar públicamente antecedentes y criterios de los candidatos a ocupar cargos judiciales.
La reforma se suma a otros cambios impulsados por la administración de Javier Milei sobre organismos y procedimientos estatales.
Mientras el Ejecutivo sostiene que busca modernizar el sistema, sus detractores advierten sobre posibles riesgos para la independencia judicial y la transparencia.
El debate continuará en los ámbitos políticos y judiciales, donde se definirá el alcance real de las modificaciones implementadas por el decreto.
