Ciudadanía por inversión: el nuevo esquema del Gobierno enfrenta dudas legales y tributarias
El programa permitirá a extranjeros acceder a la nacionalidad mediante aportes desde USD 350.000 o la compra de bonos por USD 800.000. Especialistas cuestionan el alcance jurídico de la iniciativa y su diferencia con los mecanismos de naturalización vigentes.
El Gobierno lanzó un programa que permitirá a extranjeros solicitar la ciudadanía argentina a partir de determinados aportes económicos. El esquema contempla un desembolso no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro o la suscripción de un bono público a tasa cero por USD 800.000. Las solicitudes comenzarán a recibirse durante el cuarto trimestre de 2026 y estarán sujetas a controles de identidad, antecedentes y origen de los fondos.
La iniciativa también contempla a los familiares del solicitante principal. Los cónyuges y los hijos solteros de entre 18 y 25 años podrán acceder mediante un aporte adicional de USD 100.000, mientras que para los menores de edad el monto será de USD 25.000.
El programa abrió interrogantes entre especialistas por su encuadre jurídico y por las diferencias con las vías tradicionales de naturalización. La Ley de Ciudadanía 346, vigente desde 1869 con modificaciones, ya contempla actividades económicas como fundamento para solicitar la nacionalidad. Entre ellas aparecen la instalación de nuevas industrias, la introducción de innovaciones útiles, la participación en emprendimientos ferroviarios y la integración de colonias con propiedad inmueble.
El nuevo esquema, sin embargo, plantea una modalidad basada directamente en instrumentos financieros. Una de las alternativas consiste en transferir USD 350.000 al Estado, mientras que la otra propone adquirir un título público por USD 800.000.
El antecedente más reciente es el Decreto 524/2025, que estableció que un extranjero que hubiera realizado una “inversión relevante” podría solicitar la ciudadanía ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. La determinación de qué operaciones serán consideradas dentro de esa categoría quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía.
El debate también alcanza cuestiones tributarias, migratorias y de seguridad, además del valor que tendría el pasaporte argentino para quienes accedan a la nacionalidad mediante este mecanismo. La consultora Henley & Partners ya promociona el programa y señala que las solicitudes comenzarán durante el cuarto trimestre de 2026.
