Una jueza suspendió por 60 días la baja de la edad de imputabilidad en la Provincia
La magistrada Marta Pascual hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo y cuestionó la falta de infraestructura y recursos para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil.
A solo 48 horas de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, una jueza de la provincia de Buenos Aires ordenó suspender preventivamente durante 60 días su aplicación. La decisión fue tomada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, tras un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, que representa a adolescentes privados de su libertad.
La organización sostuvo que la Provincia no cuenta con las condiciones materiales necesarias para implementar la reforma, debido a la falta de profesionales especializados, recursos humanos e infraestructura suficiente. Según el planteo, la aplicación de la nueva normativa podría vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El fallo puso el foco en la capacidad del Estado bonaerense para ampliar la cantidad de adolescentes sometidos al sistema penal sin contar con las condiciones institucionales necesarias. Pascual tomó como referencia inspecciones realizadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, donde se estableció un límite de 60 adolescentes por las deficiencias detectadas.
La magistrada reconoció avances en infraestructura, agua potable y alimentación, pero señaló problemas persistentes en educación, formación profesional, acceso al ámbito laboral y reducción de los períodos de aislamiento.
“ Hacinarlos incrementa los niveles de inseguridad y violencia”, sostuvo Pascual en su resolución, al advertir que el Poder Judicial no debe esperar a que se produzcan vulneraciones de derechos para intervenir.
La jueza dispuso además una audiencia multipropósito para el 16 de septiembre, en la que funcionarios del Ejecutivo bonaerense deberán informar las medidas adoptadas para implementar la ley.
La decisión generó dudas dentro del fuero juvenil. Algunos magistrados señalaron que existe un “gris jurídico” y cuestionaron que un juez pueda suspender una ley mediante una resolución. En Quilmes, mientras tanto, otro magistrado ya había ordenado la detención de un adolescente de 15 años aplicando la nueva normativa.
El Gobierno nacional había oficializado la implementación del régimen mediante el Decreto 875/2026. La ley había sido sancionada por el Senado en febrero y establecía su entrada en vigencia 180 días después de su promulgación.
Pascual aclaró que su decisión no implica necesariamente oponerse a la baja de la edad de imputabilidad. “Con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó la magistrada, quien también cuestionó que los menores sean privados de su libertad sin condiciones adecuadas.
