El Gobierno amplía el plazo para privatizar AySA y espera recaudar US$ 500 millones
La fecha límite para presentar ofertas pasará del 27 de agosto al 15 de septiembre. El grupo Roggio aparece como uno de los principales interesados, mientras empresas argentinas analizan asociarse con operadores extranjeros.
El Gobierno decidió extender hasta el 15 de septiembre el plazo para presentar ofertas por la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La fecha original vencía este jueves 27 de agosto, pero la administración nacional resolvió otorgar más tiempo a los potenciales interesados para avanzar con sus propuestas. La prórroga será oficializada en el Boletín Oficial.
La operación contempla entregar a un privado la concesión durante 30 años de los servicios de agua potable y cloacas que abastecen a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El Estado nacional espera obtener alrededor de US$ 500 millones por la operación, fondos que podrían contribuir a afrontar los vencimientos de deuda externa previstos para 2027.
Entre los principales interesados aparece el grupo Roggio, que actualmente opera Aguas Cordobesas. También analiza participar Mauricio Filiberti, propietario de Transclor y socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor.
El pliego establece que los oferentes deben acreditar experiencia en la operación tanto de los servicios de agua como de cloacas. Por ese motivo, las empresas argentinas que quieran participar deberán asociarse con compañías extranjeras que cumplan con ese requisito.
Entre los posibles socios internacionales figuran Sabesp, la empresa de saneamiento de San Pablo y una de las mayores de América Latina, y Águas do Rio, que opera el servicio en Río de Janeiro. La francesa Veolia todavía mantiene dudas sobre su participación, mientras que Mekorot, de Israel, no puede actuar como operadora debido a las restricciones establecidas para empresas pertenecientes a Estados extranjeros.
En paralelo, AySA continuará aplicando aumentos tarifarios mensuales. En septiembre las facturas subirán 2,3%. La empresa no recibe subsidios para cubrir los gastos de operación y mantenimiento desde 2024, aunque el Estado transfirió fondos para financiar inversiones.
El plan de inversiones para 2027-2031 contempla unos $2,9 billones, equivalentes a US$1.950 millones. Entre las medidas previstas figura la instalación de 100.000 medidores por año para mejorar la eficiencia y reducir pérdidas de facturación.
El proceso enfrenta además resistencia política. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un amparo para intentar frenarlo y busca que la provincia de Buenos Aires participe mediante ABSA.
