El oficialismo excluyó a los funcionarios del régimen de Inocencia Fiscal tras negociar con la oposición
La modificación permitió al Gobierno conseguir dictamen de mayoría para el proyecto que amplía los beneficios tributarios y que será debatido en el recinto durante este mes.
El Gobierno logró avanzar con el proyecto de ley conocido como Inocencia Fiscal II después de aceptar un reclamo de los bloques aliados y excluir a los funcionarios públicos de los principales beneficios del nuevo régimen tributario. La modificación permitió al oficialismo obtener dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, con 44 firmas.
El proyecto, impulsado por La Libertad Avanza, será tratado en la Cámara de Diputados hacia fin de mes. La negociación con los bloques dialoguistas resultó clave para destrabar la iniciativa, que había generado cuestionamientos por la posibilidad de que personas con responsabilidades públicas pudieran acceder a un esquema considerado por algunos sectores como un eventual “blanqueo permanente”.
La nueva redacción establece que quienes ejerzan o hayan ejercido cargos públicos de alta responsabilidad durante los cinco años anteriores a su adhesión al régimen quedarán excluidos de manera total de sus beneficios. La restricción también alcanza a quienes ocupen esos puestos en el futuro.
Los funcionarios de los tres poderes del Estado podrán utilizar el sistema simplificado únicamente para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y pagar el saldo correspondiente. No podrán acceder, en cambio, a la presunción de exactitud de sus declaraciones, la liberación de fiscalizaciones ni a otros beneficios o inmunidades tributarias contemplados en la iniciativa.
La modificación fue impulsada tras los cuestionamientos de legisladores aliados, quienes recordaron el caso de Manuel Adorni y su utilización de un régimen simplificado de Ganancias para funcionarios. La oposición había advertido que una ampliación de las herramientas de regularización podía generar ventajas para quienes desempeñan cargos públicos.
El proyecto también introduce otros cambios. Elimina los límites de ingresos y patrimonio que restringían el acceso al régimen anterior, que contemplaba un máximo de $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio.
Además, incorpora beneficios para las pequeñas y medianas empresas mediante una reducción del 25% en determinadas multas y una disminución del 50% para algunas sanciones anteriores que todavía no estén firmes o canceladas.
Durante el debate, el titular de la Unidad de Información Financiera, Matías Álvarez, defendió la iniciativa y señaló que el elevado nivel de informalidad económica requiere nuevas herramientas tributarias. Según sostuvo, el sistema busca facilitar la incorporación de fondos al circuito formal sin afectar los mecanismos de prevención del lavado de activos.
La diputada Laura Rodríguez Machado defendió el proyecto y sostuvo que se trata de una reforma tributaria destinada a otorgar mayor previsibilidad a contribuyentes y empresas que cumplen con sus obligaciones.
Con la exclusión de los funcionarios, el oficialismo consiguió finalmente el respaldo necesario para llevar la iniciativa al recinto.
