La ley de Inocencia Fiscal abrió una nueva pelea: el oficialismo busca evitar un debate por privilegios políticos
La inclusión de funcionarios y exfuncionarios entre los beneficiarios del régimen generó cuestionamientos. Aliados del Gobierno reclaman modificaciones para evitar que la discusión quede centrada en dirigentes políticos.
El proyecto de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno enfrenta una nueva dificultad en el Congreso luego de que surgieran cuestionamientos por la posibilidad de que funcionarios y exfuncionarios puedan acceder a los beneficios previstos en la reforma.
La iniciativa, que busca modificar el esquema de regularización fiscal y simplificar obligaciones tributarias, recibió respaldo de distintos sectores aliados al oficialismo. Sin embargo, la discusión se complicó cuando aparecieron críticas sobre el alcance de los beneficios para dirigentes políticos.
El punto generó comparaciones con la figura del exvocero presidencial Manuel Adorni, cuyo nombre quedó asociado al debate por la incorporación de funcionarios dentro del esquema. Desde bloques dialoguistas reclamaron ajustes para evitar que el proyecto quede marcado por sospechas de privilegios.
El Gobierno considera que la reforma es una pieza clave dentro de su estrategia económica y busca avanzar también con cambios vinculados al funcionamiento del Banco Central. Para la administración de Javier Milei, el objetivo es fortalecer la formalización de la economía y reducir obstáculos para contribuyentes.
Sin embargo, los aliados parlamentarios advierten que mantener sin modificaciones el artículo cuestionado podría generar un debate político más duro durante el tratamiento legislativo. Por eso plantean revisar la letra del proyecto para limitar interpretaciones que puedan beneficiar a funcionarios públicos.
La discusión se da en un contexto donde el oficialismo necesita sostener acuerdos con sectores externos a La Libertad Avanza para aprobar sus principales reformas.
La negociación continuará en los próximos días con la expectativa de introducir cambios que permitan mantener el respaldo político y evitar que la iniciativa quede trabada por una polémica paralela al objetivo económico original.
