El Gobierno analiza cobrar servicios de salud y educación a extranjeros no residentes
La Casa Rosada evalúa avanzar con una iniciativa que busca trasladar a nivel nacional una propuesta impulsada por La Libertad Avanza en una legislatura provincial. El objetivo es establecer nuevas condiciones para el acceso de extranjeros a prestaciones públicas.
El Gobierno nacional analiza la posibilidad de implementar un esquema para que los extranjeros no residentes paguen por determinados servicios de salud y educación pública, una medida que retomaría una discusión que ya comenzó en distintos distritos del país.
La iniciativa surgió a partir de un proyecto presentado por legisladores vinculados a La Libertad Avanza, que plantearon establecer mecanismos de cobro para personas extranjeras que utilizan prestaciones financiadas con recursos públicos argentinos.
Dentro del oficialismo consideran que el sistema actual genera una presión adicional sobre los presupuestos estatales y sostienen que los ciudadanos argentinos deben tener prioridad en el acceso a determinados servicios.
La propuesta todavía se encuentra bajo análisis y no existe una definición final sobre su alcance. Entre los puntos que deben resolverse se encuentran la situación de los residentes permanentes, los estudiantes extranjeros y los acuerdos de reciprocidad con otros países.
Desde el Gobierno argumentan que la discusión forma parte de una revisión más amplia del funcionamiento del Estado y del destino de los recursos públicos. La administración Milei ya impulsó cambios en distintas áreas con el objetivo de reducir gastos y modificar regulaciones.
La posibilidad de avanzar con esta medida generó críticas de sectores opositores, organizaciones sociales y referentes vinculados a la educación y la salud, quienes advierten sobre posibles consecuencias en el acceso universal a servicios considerados derechos fundamentales.
El debate se suma a una serie de iniciativas del oficialismo vinculadas a la migración y al uso de recursos estatales. La discusión ahora deberá definir si el Ejecutivo presenta un proyecto formal ante el Congreso y cuáles serían sus condiciones de aplicación.
