El FMI aprobó la segunda revisión del programa y liberó US$1.000 millones para Argentina
El directorio del Fondo Monetario Internacional dio el visto bueno a la segunda revisión del acuerdo con Argentina y habilitó un desembolso de US$1.000 millones. La aprobación del board, integrado por representantes de los países miembros, era el paso que faltaba tras el acuerdo técnico alcanzado el 15 de abril.
El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó este jueves la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas firmado en 2025 por un total de US$20.000 millones, desbloqueando así un nuevo tramo de financiamiento para Argentina. El acuerdo técnico entre los equipos del Fondo y el equipo económico del Gobierno ya había sido sellado el mes pasado, pero la liberación de los fondos dependía del aval formal del board, que llegó este jueves.
En paralelo, el directorio también aprobó el llamado Artículo IV, el análisis que el FMI realiza periódicamente sobre las políticas cambiarias y macroeconómicas de todos sus países miembros. Esto implicó que, además de evaluar el avance del programa, los representantes de los países emitieron comentarios sobre el estado general de la economía argentina.
La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, destacó en un comunicado que el programa busca “afianzar la desinflación, fortalecer la estabilidad externa y sentar las bases para un crecimiento más fuerte y sostenible del sector privado”. El texto fue rápidamente retuiteado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Georgieva reconoció que la incertidumbre política de 2025 afectó transitoriamente el crecimiento y la desinflación, pero señaló que los ajustes implementados desde entonces permitieron acumular reservas, retomar el proceso de baja de la inflación y recuperar la confianza de los mercados, incluso en un contexto global más complejo.
El comunicado también subrayó el compromiso del Gobierno argentino con la consolidación fiscal, a través de nuevas reducciones en subsidios energéticos, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional para compensar las presiones de gasto provenientes del Congreso.
