La Justicia avanza sobre el patrimonio de Adorni y cita a declarar a sus prestamistas
El fiscal busca determinar si los ingresos del jefe de Gabinete justifican la compra de propiedades y créditos privados bajo investigación.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó nuevos movimientos judiciales con la citación a declarar de las personas que habrían financiado parte de sus operaciones inmobiliarias. La investigación, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, pone el foco en una serie de hipotecas privadas que permitieron la adquisición de propiedades en la Ciudad de Buenos Aires.
El expediente busca establecer si el funcionario contaba con ingresos suficientes para afrontar estas operaciones, teniendo en cuenta su declaración patrimonial, que ronda los 107 millones de pesos. Entre los puntos bajo análisis se encuentran la compra de inmuebles, la adquisición de vehículos y la realización de numerosos viajes al exterior en los últimos años.
Uno de los aspectos centrales de la investigación es el mecanismo de financiamiento utilizado. Según la documentación incorporada a la causa, Adorni y su esposa accedieron a préstamos por cifras significativas a través de acuerdos privados, con la intervención recurrente de la escribana Adriana Nechevenko, quien certificó varias de las operaciones.
En este contexto, la fiscalía citó a declarar a cuatro mujeres que habrían actuado como prestamistas en distintas transacciones. Algunas de ellas otorgaron créditos vinculados a un departamento en Parque Chacabuco, mientras que otras participaron en la compra de otra propiedad en Caballito, donde se registró una hipoteca por 200.000 dólares. En este último caso, se trata de un acuerdo sin interés y con devolución en el corto plazo, lo que también generó interrogantes.
Además de las testimoniales, la fiscalía solicitó informes a registros de la propiedad y a consorcios para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario. También fue citado un intermediario que habría facilitado el vínculo entre Adorni y una de las prestamistas.
La causa, que tramita en los tribunales federales, busca determinar si existieron inconsistencias entre los ingresos declarados y las operaciones realizadas. Con nuevas pruebas en curso, la investigación entra en una etapa clave para definir la situación judicial del jefe de Gabinete.
