La Corte Suprema impulsa cambios en la selección de jueces y busca limitar la discrecionalidad

Un nuevo reglamento propone priorizar el mérito y reformar las entrevistas en los concursos del Consejo de la Magistratura, en medio del debate por las vacantes judiciales.

La Corte Suprema avanzó con una iniciativa para reformar el sistema de selección de jueces en Argentina, con el objetivo de reducir la discrecionalidad y fortalecer los criterios de mérito e idoneidad. A través de una acordada firmada por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal envió al Consejo de la Magistratura un nuevo reglamento que redefine el esquema de concursos para magistrados.

La propuesta se da en un contexto de presión por cubrir numerosas vacantes en el Poder Judicial, mientras el Gobierno impulsa el envío de pliegos al Congreso. En este escenario, la Corte busca introducir modificaciones estructurales que, según argumenta, permitirán mejorar la transparencia del proceso de selección.

Uno de los ejes centrales del proyecto es el rediseño de la entrevista personal, considerada históricamente como el tramo más cuestionado de los concursos. El nuevo esquema apunta a establecer reglas más claras y previsibles, con el fin de evitar que esta instancia altere el orden de mérito construido a partir de evaluaciones técnicas.

Además, se plantea una reconfiguración de los exámenes de oposición, que estarán divididos en etapas diferenciadas. Por un lado, una prueba general con corrección automatizada; por otro, una evaluación específica que incluirá análisis de casos y redacción de sentencias. El objetivo es medir con mayor precisión las competencias jurídicas de los postulantes.

El documento también introduce la posibilidad de concursos anticipados, diseñados para prever futuras vacantes y agilizar los tiempos de cobertura. En paralelo, el texto remarca el rol institucional de la Corte como cabeza del Poder Judicial, en lo que se interpreta como un mensaje hacia el organismo encargado de administrar los procesos.

La iniciativa ahora deberá ser debatida y eventualmente aprobada por el Consejo de la Magistratura, en un contexto donde algunos concursos sensibles —como los de la Cámara Federal de Casación Penal— concentran la atención política y judicial.

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