Polémica en Diputados por las audiencias públicas de la reforma de la Ley de Glaciares
Más de 50.000 personas se anotaron para participar del debate y el oficialismo limitó las exposiciones presenciales, lo que generó fuertes críticas de la oposición.
La reforma de la Ley de Glaciares que ya cuenta con media sanción del Senado generó una fuerte disputa política en la Cámara de Diputados. A pocos días de las audiencias públicas previstas para el 25 y 26 de marzo, ya se registraron más de 50.000 inscriptos para participar del debate.
Ante ese volumen de solicitudes, el oficialismo decidió restringir las exposiciones presenciales y virtuales. Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales comunicaron que sólo podrán intervenir en vivo los primeros inscriptos de cada jurisdicción, mientras que el resto deberá enviar sus aportes por escrito o en videos de hasta cinco minutos.
Desde el oficialismo argumentan que la cantidad de inscripciones vuelve imposible escuchar a todos los participantes dentro de un plazo razonable. También sostienen que la convocatoria masiva forma parte de una estrategia de sectores opositores para dilatar el tratamiento de la iniciativa.
La oposición, en cambio, denunció que la medida altera las condiciones originales de la audiencia pública y limita la participación ciudadana. Legisladores de distintos bloques afirmaron que la modalidad de participación debía definirse antes de abrir la inscripción y reclamaron extender las jornadas para permitir más intervenciones.
El proyecto en discusión propone modificar los criterios de protección establecidos en la ley vigente. Mientras la normativa actual protege todos los glaciares y el ambiente periglacial, la reforma plantea que sólo queden bajo resguardo estricto aquellos que tengan un aporte hídrico relevante y comprobable para las cuencas.
Además, la iniciativa otorga mayor participación a las provincias en la elaboración del inventario de glaciares. El oficialismo defiende ese cambio al señalar que la Constitución reconoce a las provincias como propietarias de los recursos naturales. Sin embargo, organizaciones ambientalistas anticiparon que la reforma podría derivar en presentaciones judiciales por considerar que implicaría una reducción en los estándares de protección ambiental.
