Estados Unidos respalda a la Argentina en el juicio por YPF y cuestiona pedidos de embargo
El Departamento de Justicia estadounidense consideró “excesivamente intrusivo” el pedido de los demandantes para acceder a información sobre bienes argentinos en el exterior.
El gobierno de Estados Unidos volvió a respaldar la posición de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF y cuestionó los pedidos de los demandantes para avanzar con embargos sobre activos del país. A través de un memorándum presentado ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, el Departamento de Justicia apoyó la solicitud argentina de suspender el proceso de “discovery” posterior a la sentencia.
Ese procedimiento fue impulsado por los litigantes encabezados por el fondo Burford Capital para identificar bienes del Estado argentino que puedan ser embargados con el objetivo de cobrar el fallo por unos 16.000 millones de dólares.
La presentación estadounidense sostiene que los requerimientos realizados a la Argentina resultan “excesivamente intrusivos” y advierte que podrían generar conflictos diplomáticos. Según el documento, permitir ese tipo de pedidos contra un Estado soberano podría abrir la puerta a que tribunales extranjeros adopten medidas similares contra Estados Unidos.
En ese marco, el Departamento de Justicia pidió al tribunal que tenga en cuenta los principios de cortesía internacional y reciprocidad al evaluar la solicitud argentina para suspender el proceso de búsqueda de información.
El “discovery” es la etapa en la que los demandantes intentan reunir documentación y datos para ubicar activos que puedan ser utilizados para ejecutar la sentencia. En este caso, Burford solicitó acceso a comunicaciones de funcionarios y a información que podría demostrar vínculos entre el Estado argentino, la petrolera YPF y otros activos en el exterior.
Desde la Procuración del Tesoro señalaron que el país ya entregó más de 115.000 páginas de documentos y testimonios de funcionarios en el marco del proceso judicial. Aun así, los demandantes solicitaron sanciones por presunto incumplimiento, algo que el Gobierno considera improcedente.
No es la primera intervención de Washington en el caso: semanas atrás el Departamento de Justicia ya había respaldado a la Argentina con argumentos similares durante el avance del litigio.
