Empresas de consumo masivo presionan por una baja de tasas municipales para frenar precios
Alimenticias y supermercados advierten que los tributos locales distorsionan los valores en góndola y reclaman acelerar la reforma tributaria. Aseguran que casi el 40% del precio final de los alimentos son impuestos.
Tras la sanción de la reforma laboral, el foco del sector empresario se desplazó con rapidez hacia la carga impositiva. Fabricantes de alimentos y grandes cadenas de supermercados reclamaron al Gobierno que avance con una revisión profunda de las tasas municipales, a las que señalan como uno de los factores que más encarecen los precios que paga el consumidor.
Desde la Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios sostuvieron que la presión fiscal sigue siendo un obstáculo central para bajar precios. La entidad destacó la puesta en marcha del portal oficial de Transparencia Tributaria, que permite visualizar y denunciar “excesos” en tributos locales, pero advirtió que el paso siguiente debe ser una reforma integral que aporte previsibilidad y reduzca la carga en todos los niveles del Estado.
El diagnóstico del sector es contundente: el 38,8% del precio final de los alimentos corresponde a impuestos. Dentro de ese esquema, el IVA, las contribuciones a la seguridad social y los Ingresos Brutos concentran la mayor incidencia, aunque las tasas municipales también aparecen como un componente relevante por su crecimiento en los últimos meses. En el caso de las bebidas, la presión es aún mayor: los impuestos explican el 42,7% del valor final.
En la misma línea se expresó la Asociación de Supermercados Unidos, que calificó como “auspiciosa” la iniciativa oficial de transparentar tributos, pero reclamó que la reforma fiscal nacional tenga un correlato directo en provincias y municipios. Desde el sector recordaron que el año pasado algunas cadenas llevaron a la Justicia el impacto de los gravámenes locales.
Uno de los focos del conflicto es la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, cuestionada por calcularse en función de las ventas y no del costo real del servicio. La suba aplicada recientemente por el intendente de Pilar, Federico Achával, reavivó la polémica luego de que supermercados trasladaran el aumento a precios.
Para las empresas, estas tasas dejaron de ser una contraprestación y se transformaron en una fuente clave de recaudación municipal. El reclamo apunta a un cambio estructural: menos impuestos distorsivos para que la baja de precios sea algo más que una promesa.
