Con respaldo de los gobernadores, Diputados aprobó la reforma laboral y el Senado tendrá la última palabra

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, en una sesión atravesada por fuertes tensiones políticas y con un rol decisivo de los gobernadores, que volvieron a inclinar la balanza a favor del oficialismo. La iniciativa fue sancionada en general con 135 votos a favor y 115 en contra, y ahora regresará al Senado luego de que se eliminara el artículo 44, referido al régimen de licencias por enfermedad.
El aval parlamentario se sostuvo en el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, además del respaldo explícito de legisladores alineados con los gobernadores de Salta, Jujuy, Misiones, Neuquén, San Juan y Tucumán. Incluso diputados de Catamarca, que responden a Raúl Jalil, resultaron clave para alcanzar el quórum, aunque luego votaron en contra del proyecto en la instancia general.
Uno de los puntos más cuestionados fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), objetado por sectores opositores que advirtieron sobre un posible desfinanciamiento del sistema previsional. Pese a esas críticas, el capítulo fue aprobado con una mayoría ajustada, consolidando el avance del texto oficial.
La sesión reactivó con fuerza la interna del peronismo. Legisladores de Unión por la Patria acusaron de “traición” a los peronistas dialoguistas que facilitaron el debate, en un clima cargado de cruces personales, denuncias de presiones políticas y referencias a supuestas compensaciones a las provincias. Hubo episodios de desorden en el recinto, gritos, acusaciones y maniobras reglamentarias para acelerar la votación y bloquear intentos de la oposición de devolver el proyecto a comisión.
Con la media sanción en Diputados, el Senado buscará emitir un nuevo dictamen en comisión y llevar la reforma al recinto antes de fin de mes. Para el Gobierno, el objetivo es llegar al inicio del período ordinario con la ley encaminada; para la oposición, el debate recién empieza y anticipa una ofensiva judicial contra la norma.
