Milei judicializa la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Gobierno busca frenar la Ley de Emergencia en Discapacidad tras el rechazo al veto presidencial. Javier Milei prepara la vía judicial y analiza fondos para el sector.
Por primera vez desde el inicio de la gestión, la oposición logró revertir un veto presidencial de Javier Milei. Se trata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que regula el pago a prestadores y actualiza aranceles del sector. Ante el inminente avance de la norma, el Gobierno prepara una estrategia judicial para evitar su aplicación.
En la Casa Rosada reconocen que el rechazo al veto representa un golpe político. El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) había intentado retener apoyos legislativos con un anuncio de posibles partidas extras. El vocero Manuel Adorni aseguró en redes sociales que se estudia “un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad”, financiado con ahorros tras auditar pensiones por invalidez mal otorgadas.
Sin embargo, fuentes oficiales admiten que ese anuncio podría no aplicarse si la ley se ratifica en el Senado. El propio presidente Milei había anticipado: “Supongamos que me rechazan el veto, yo lo voy a judicializar. No va a tener efecto en el gasto público ni en la cantidad de dinero”.
La estrategia judicial contempla dos caminos: cuestionar la legalidad de la sesión en la que se sancionó la ley, alegando que la convocatoria es atribución presidencial, o denunciar que el Congreso impuso una normativa sin definir las fuentes de financiamiento. Este último argumento es considerado el más sólido por el oficialismo.
La Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que la implementación de la ley podría costar entre 0,25% y 0,45% del PBI, aunque advierte que el impacto real sería mayor por medidas que aún no pueden cuantificarse. El Ejecutivo estaría dispuesto a negociar ciertos puntos, pero rechaza las nuevas altas en pensiones, que representan el mayor gasto fiscal.
La pulseada política y judicial abre un nuevo frente para el Gobierno, en un tema de fuerte sensibilidad social que ya genera reclamos de prestadores, familias y organizaciones de discapacidad.
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