Corrupción en la AFA: revelan pagos por más de US$ 4 millones a una empresa fantasma en Miami
Una investigación periodística expone que la Asociación del Fútbol Argentino ordenó transferencias millonarias a Dicetel Corp., una firma sin actividad real creada en Estados Unidos. Los giros se realizaron a través de la empresa de Javier Faroni y se suman a pagos a sociedades vinculadas a Pablo Toviggino.
Una investigación de Clarín reveló un nuevo capítulo en la trama de presunta corrupción que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según documentos y fuentes judiciales, la entidad ordenó pagos por más de 4 millones de dólares a Dicetel Corp., una empresa considerada “fantasma”, creada en Miami en 2019 y disuelta sin actividad visible tras el cambio de gobierno argentino en 2023.
Los giros fueron realizados por TourProdEnter LLC, la firma del productor teatral y ex diputado Javier Faroni, que manejaba los ingresos de la AFA en el exterior. Los pagos se justificaron formalmente como cursos de “filosofía de management”, “gestión intermedia”, consultorías administrativas y servicios de nómina, aunque Dicetel no contaba con empleados, oficinas ni página web propia, y sólo figuraba con una dirección postal compartida con otras sociedades.
La investigación también detectó transferencias paralelas a SOMA SRL, empresa vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre clave en el manejo financiero de la entidad. Entre ellas figura un giro de 468 mil dólares y la vinculación de esa firma con una mansión valuada en 17 millones de dólares en Pilar.
Además de los pagos directos, Dicetel habría participado en transferencias de jugadores de clubes como Central Córdoba y Sarmiento de Junín, y en operaciones vinculadas al Mundial de Qatar 2022, donde recibió otros 1,5 millones de dólares por supuestos “servicios logísticos”.
El esquema, según fuentes judiciales, replica un modus operandi ya detectado en otras causas, con el uso de sociedades offshore para canalizar fondos provenientes de derechos comerciales de la AFA en el exterior. La Inspección General de Justicia intimó a la entidad a rendir gastos por unos 400 millones de dólares de los últimos cuatro años, sin respuesta hasta el momento.
Mientras tanto, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky aguarda que la Cámara Federal de San Martín defina su competencia para avanzar en la causa, que también involucra denuncias por lavado de dinero y violaciones al régimen cambiario.
