El Gobierno reformula por DNU la Ley de Inteligencia y amplía el poder operativo de la SIDE
Un decreto de necesidad y urgencia centraliza todo el Sistema de Inteligencia Nacional en la SIDE, redefine las áreas de ciberseguridad y contrainteligencia y habilita a los agentes a realizar detenciones en casos de flagrancia o con orden judicial.
El Gobierno nacional avanzó con una reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) a través de un decreto de necesidad y urgencia que redefine el funcionamiento del sistema, amplía las facultades operativas de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y concentra en ese organismo la conducción directa de todo el Sistema de Inteligencia Nacional.
El DNU establece como principio general que todas las actividades de inteligencia tendrán carácter “encubierto”, bajo el argumento de reducir riesgos estratégicos para el Estado. En ese marco, se habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en situaciones de flagrancia o por requerimiento judicial, con obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad competentes, un punto que genera controversia por el alcance de las atribuciones otorgadas.
Entre los cambios estructurales, la Agencia de Seguridad Nacional pasa a convertirse en Agencia Nacional de Contrainteligencia, con foco en la prevención del espionaje, el sabotaje y las operaciones de influencia que puedan afectar el orden constitucional. En el plano digital, el decreto separa ciberseguridad de ciberinteligencia: se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad bajo la Jefatura de Gabinete, mientras que la SIDE conserva la Agencia Federal de Ciberinteligencia.
Además, se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y sus funciones se concentran en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. La SIDE también asume el control presupuestario del área, incluidos los gastos reservados, y podrá requerir información a organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
La norma entrará en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser evaluada por la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, en medio de un debate político por el uso del DNU y la ampliación de facultades en un área sensible del Estado.
