Stornelli pide investigar pero protege a periodistas
El fiscal Carlos Stornelli abrió una investigación por espionaje ilegal contra el Gobierno, pero defendió la protección de las fuentes periodísticas.
Investigación por presunto espionaje ilegal
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió abrir una investigación judicial sobre la denuncia del Gobierno por una supuesta operación de inteligencia ilegal. Según la presentación, se habrían grabado conversaciones privadas de funcionarios, entre ellas de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Protección de las fuentes periodísticas
Stornelli aclaró que la pesquisa no podrá vulnerar el secreto de las fuentes periodísticas. Señaló que la Constitución protege la inviolabilidad de los domicilios y que no se podrán realizar allanamientos a periodistas sin una orden judicial fundada.
El fiscal respondió así a un pedido del abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien había solicitado allanar el canal Carnaval y las casas de comunicadores vinculados a la difusión de los audios.
Qué investiga la Justicia
La denuncia oficial sostiene que los audios habrían sido obtenidos mediante prácticas de espionaje ilegal, editados y difundidos con el objetivo de:
- desacreditar al Gobierno,
- influir en la opinión pública antes de las elecciones,
- desestabilizar indicadores económicos,
- e incluso tener un ánimo destituyente.
Se menciona también la posibilidad de chantajes a funcionarios, lo que ampliaría el alcance de la maniobra más allá de los audios de Karina Milei.
Contexto político y judicial
El Ejecutivo acusa a sectores de la oposición de estar detrás de la operación, como parte de una campaña de desinformación. Stornelli advirtió que las grabaciones afectarían a funcionarios federales y a espacios bajo jurisdicción nacional, lo que justifica la competencia de la Justicia federal.
El fiscal concluyó que los audios difundidos serían ilegítimos y habrían sido publicados de forma dolosa, lo que refuerza la hipótesis de una operación de inteligencia ilegal.
