Nueva pulseada en Diputados: el oficialismo advierte por el costo fiscal y frena la sesión por jubilaciones

Mientras la oposición intenta avanzar con una sesión especial para tratar proyectos vinculados a la situación previsional y otras iniciativas sociales, el oficialismo redobla su estrategia para bloquear el debate en la Cámara de Diputados. Esta vez, el argumento central gira en torno al impacto económico de las propuestas: desde La Libertad Avanza aseguran que, de aprobarse, las medidas tendrían un costo fiscal superior a los 12.000 millones de dólares, equivalente al 1,8% del PBI.
La convocatoria para sesionar el próximo miércoles fue realizada por Unión por la Patria, la Coalición Federal, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. A diferencia de intentos anteriores, esta vez dejaron fuera del temario la designación de auditores de la Auditoría General de la Nación, una decisión que busca evitar internas que ya jugaron en su contra.
Desde el oficialismo, el presidente de la Cámara, Martín Menem, lidera el rechazo. Ayer se reunió con técnicos económicos y salió a cuestionar en redes sociales la propuesta: “Una vez más, el kirchnerismo y sus nuevos aliados se esconden detrás de causas nobles con el único fin de romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”, escribió.
Menem acusó a la oposición de actuar con “demagogia” y apuntó: “Pretenden hacernos retroceder en el camino que fijó el Gobierno, con el objetivo de volver al poder y sostener sus privilegios”.
En respuesta, el diputado radical Julio Cobos cuestionó la falta de debate presupuestario y reclamó mayor institucionalidad: “Habilite la discusión del Presupuesto y los diputados le indicaremos la asignación de partidas con equilibrio fiscal. La SIDE no es prioridad, sí lo son jubilaciones, salud y educación”.
Entre los proyectos que buscan tratarse figuran la actualización de haberes jubilatorios en un 7,2%, el incremento del bono previsional (que actualmente es de $70.000) a $105.000 o $115.000, y la prórroga por dos años de la moratoria previsional que el Gobierno dejó vencer en marzo. Si bien la propuesta de moratoria impulsada por Unión por la Patria tiene dictamen de mayoría, los bloques dialoguistas trabajan en una versión alternativa, que establecería un piso básico y calcularía el beneficio según los años de aportes realizados.
El oficialismo estima que la moratoria implicaría un gasto equivalente al 0,2% del PBI. En cambio, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) proyecta un impacto menor: 0,084% del PBI en el primer año y 0,081% en el segundo, sumando un total de 0,165%.
Respecto al bono, la OPC señala que elevarlo a $105.000 desde junio generaría un gasto de 1,16 billones de pesos (0,14% del PBI), que anualizado alcanzaría los 2 billones (0,23%). Si el bono fuera de $115.000, el costo treparía a 1,5 billones (0,17%) y a más de 2,5 billones anuales (0,30%).
El Gobierno también cuestiona el proyecto para declarar la emergencia en discapacidad, que considera tendría un impacto del 0,3% del PBI. La OPC, por su parte, calcula que el costo fiscal adicional oscilaría entre 0,22% y 0,42% del producto, dependiendo del alcance poblacional.
Mientras tanto, la oposición continúa negociando para garantizar el quórum necesario que permita abrir el recinto y dar el debate. El próximo miércoles, otra vez, el Congreso será escenario de una disputa política clave entre la sostenibilidad fiscal y las urgencias sociales.