Los aranceles de Trump, atrapados en una batalla judicial que deja al comercio global en vilo

La ofensiva arancelaria de Donald Trump volvió a quedar envuelta en el desconcierto tras una cadena de fallos judiciales contradictorios. Mientras dos tribunales determinaron que el expresidente se extralimitó en sus facultades y ordenaron frenar los gravámenes, una corte de apelaciones desactivó parcialmente una de esas decisiones, permitiendo mantener varias de las tarifas vigentes. Horas más tarde, otro juez federal volvió a intervenir, bloqueando temporalmente algunos de los impuestos. El escenario jurídico, cambiante en apenas 24 horas, suma incertidumbre a la ya volátil estrategia comercial del republicano.

Desde que llegó a la Casa Blanca, Trump se amparó en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA, por sus siglas en inglés) para justificar una política arancelaria agresiva, dirigida especialmente a China, pero que alcanzó a buena parte de los socios comerciales de Estados Unidos. En la noche del miércoles, el Tribunal de Comercio Internacional le asestó un golpe clave: un panel bipartidista, que incluyó a un juez designado por el propio Trump, sostuvo que el mandatario no tenía “autoridad ilimitada” para fijar aranceles de manera generalizada, declarando ilegales los gravámenes y ordenando su suspensión en un plazo de diez días.

La Casa Blanca respondió rápidamente. Solicitó que el tribunal dejara en suspenso su resolución mientras apelaba ante una instancia superior. La Corte de Apelaciones accedió a la solicitud, concediendo una demora provisoria que habilita a mantener parte de los aranceles mientras se resuelve el fondo del caso.

El Departamento de Justicia calificó al fallo inicial de “plagado de errores legales” y advirtió que su aplicación limitaría los esfuerzos del expresidente por equilibrar el déficit comercial estadounidense y modificar las condiciones del comercio global. Si bien la apelación aún no resolvió el contenido del litigio, dejó en pie –al menos por ahora– los aranceles clave contra países como China, Canadá y México, así como la amenaza de tasas recíprocas que Trump había anunciado y suspendido en abril.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt cargó contra el sistema judicial y llamó a la Corte Suprema a intervenir para zanjar el conflicto. “Este abuso de poder judicial debe terminar por el bien de nuestra Constitución y nuestro país”, declaró.

El embrollo se profundizó aún más cuando, antes de esas declaraciones, otro juez federal falló a favor de una empresa de juguetes educativos en Illinois y ordenó una nueva suspensión de varios de los aranceles. La firma, afectada por las tarifas a productos importados de China, Taiwán, Corea del Sur, Vietnam e India, argumentó que el Congreso nunca dio al presidente la potestad de imponer semejante carga tributaria por su cuenta, afectando de forma directa a pequeñas y medianas empresas.

El juez Rudolph Contreras respaldó el planteo y sostuvo que la ley en cuestión “no es un mecanismo para establecer tarifas”, aunque acotó la medida cautelar a 14 días. El gobierno, por su parte, adelantó que apelará también este fallo.

El frente judicial complica los planes de la administración Trump, que pretendía cerrar 90 acuerdos comerciales en apenas tres meses, una meta que hoy parece lejana. Según el secretario de Comercio, Howard Lutnick, restringir los poderes presidenciales desincentivaría a los socios internacionales a negociar reducciones arancelarias.

Aun así, desde el Consejo Económico Nacional intentaron restarle dramatismo al conflicto. Su director, Kevin Hassett, aseguró que Trump cuenta con otras herramientas legales para aplicar aranceles, aunque aclaró que no están en sus planes inmediatos. “No afectará las negociaciones. Todos saben que el presidente Trump va en serio y que, al final, siempre gana”, remarcó.

Sin embargo, la acumulación de fallos adversos pone en duda la viabilidad de la política comercial trumpista. Más de una docena de países, entre ellos Argentina, mantienen conversaciones con Washington bajo la amenaza de tarifas que ahora están bajo escrutinio judicial. “¿Por qué negociar con una amenaza que la Justicia ya declaró ilegal?”, cuestionan varios analistas.

Vale aclarar que estas demandas no alcanzan a otros aranceles que Trump impuso invocando razones de seguridad nacional, como los aplicados al acero, el aluminio y los automóviles, que por el momento no están en tela de juicio.