La Corte autoriza a Trump a revocar el permiso humanitario a más de 500 mil migrantes
En un fallo que profundiza la política migratoria del expresidente Donald Trump, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes la revocación del permiso humanitario temporal otorgado por la administración de Joe Biden a más de 500.000 migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, naciones marcadas por dictaduras o crisis humanitarias.
La decisión, que habilita al gobierno republicano a ejecutar deportaciones masivas, responde a una solicitud de emergencia presentada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien impulsó el fin del programa de “parole” humanitario implementado en 2022. Aquel plan permitía a ciudadanos de los países mencionados vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos si cumplían ciertos requisitos, como pasar controles de seguridad y contar con un patrocinador local.
El fallo fue aprobado por la mayoría conservadora del tribunal, mientras que las juezas liberales Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor votaron en contra. Jackson advirtió en su disenso sobre “las consecuencias devastadoras” que implica interrumpir de forma abrupta la vida de medio millón de personas cuyas solicitudes legales aún están pendientes.
El programa, conocido como CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela), fue diseñado para aliviar la presión en la frontera con México y canalizar la migración de forma ordenada. Ahora, con la decisión de la Corte, sus beneficiarios pasarán a estar en situación migratoria irregular una vez vencido su plazo de estadía, quedando expuestos a la deportación.
Grupos de defensa de derechos de los inmigrantes, como Haitian Bridge Alliance, advirtieron que la medida transformará de inmediato a miles de personas en “indocumentadas sujetas a expulsión masiva”, y cuestionaron la autoridad legal del gobierno para aplicar la medida sin un análisis individualizado de cada caso.
El fallo representa una victoria clave para Trump, quien ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular uno de los ejes de su nueva campaña presidencial. Esta semana, además, su gobierno designó a más de 30 ciudades y condados como “jurisdicciones santuario”, anticipando acciones legales y amenazas de recorte de fondos federales para presionar a estas localidades a colaborar con las deportaciones.
La controversia legal sobre esta política no ha terminado. Quedan pendientes otros litigios vinculados a medidas más extremas, como el intento de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar exclusivamente a venezolanos, una disposición que ya fue bloqueada por otros tribunales. Sin embargo, el fallo de este viernes marca un giro contundente en el tratamiento migratorio bajo la nueva gestión republicana.
