Justicia acelera el decomiso de bienes de Cristina Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad
Luego de la ratificación de la condena en la causa Vialidad, la Justicia avanza con el proceso de decomiso de bienes pertenecientes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los demás implicados. El fiscal general Diego Luciani presentó un informe detallado del patrimonio de los condenados y propuso medidas concretas para garantizar la reparación del perjuicio económico al Estado.
El fallo original estableció un decomiso de más de 84 mil millones de pesos, cifra que será actualizada para su ejecución y podría rondar los 650 mil millones. En términos generales, se estima que el daño causado al Estado equivale a unos 500 millones de dólares. Todos los condenados deberán responder de manera solidaria por ese monto.
El tribunal otorgó un plazo de 10 días para que los implicados depositen las sumas correspondientes. En caso de incumplimiento, se procederá al embargo de bienes, cuentas bancarias y propiedades. El proceso no será automático: primero se recalculará el monto actualizado y luego se identificarán los activos sobre los que se aplicará el decomiso.
La fiscalía remarcó que el dinero recuperado deberá tener una finalidad de utilidad pública, con prioridad en áreas como salud, educación y vivienda, como forma de reparación al daño causado a la sociedad. También se insistió en que muchas de las maniobras investigadas contaron con una estructura sistemática orientada al desvío de fondos públicos.
Desde el Gobierno se valora la medida como un paso en favor de la transparencia y la recuperación de recursos del Estado, mientras que sectores cercanos al kirchnerismo la interpretan como una nueva expresión de persecución política y judicial. La causa sigue siendo uno de los ejes de mayor tensión en la disputa entre oficialismo y oposición.
El decomiso, si se concreta en su totalidad, será uno de los más altos en la historia judicial argentina y sentará un precedente relevante en causas de corrupción vinculadas a la administración pública. La Justicia apunta a diferenciar a quienes utilizaron estructuras estatales con fines personales de aquellos que realmente cumplen funciones públicas.
