Impsa reestructura su deuda y extenderá los pagos hasta 2044
Con la llegada de sus nuevos dueños, la metalúrgica Impsa —la primera empresa privatizada durante el gobierno de Javier Milei— logró un principio de acuerdo con sus principales acreedores para reestructurar su deuda de 576 millones de dólares. El entendimiento permitirá a la firma mendocina extender el cronograma de pagos hasta dentro de 19 años.
El acuerdo, presentado como Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) ante el Segundo Juzgado Concursal de Mendoza, establece que los pagos de deuda comenzarán recién en 2036 y se extenderán hasta 2044. No contempla quitas de capital, pero sí un diferimiento total de los vencimientos originalmente previstos para este año.
La compañía, ahora controlada por la estadounidense ARC Energy —a través de su subsidiaria Industrial Acquisitions Fund LLC—, explicó que el reperfilamiento tiene como objetivo “fortalecer su posición financiera y continuar su proceso de recuperación y crecimiento”, según comunicaron a la Comisión Nacional de Valores.
Entre los principales acreedores figuran el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Nación, BICE, el Grupo Moneta, Banco Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario, Export Development Canada, la Corporación Andina de Fomento, el banco brasileño Bradesco y tenedores de Obligaciones Negociables. Solo con el Banco Nación, la deuda supera los 14.000 millones de pesos.
Según los términos del acuerdo, desde enero de 2033 la empresa comenzará a pagar el 100% de los intereses devengados sobre el capital en circulación, sumados los intereses capitalizados, hasta completar el pago total de la deuda.
Fundada en 1907 por la familia Pescarmona, Impsa inició su actividad como un pequeño taller metalúrgico en Mendoza. Con el tiempo, se convirtió en un referente de la industria pesada, desarrollando equipos electromecánicos, turbinas y componentes para proyectos de generación de energía hidroeléctrica, nuclear, eólica y solar, además de infraestructura para petróleo y gas.
Tras atravesar una larga crisis, fue estatizada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández. Finalmente, en febrero de 2025, el gobierno de Javier Milei concretó su privatización. ARC Energy adquirió el control de la compañía con una oferta de US$ 27 millones y el compromiso de asumir y reestructurar la deuda millonaria.
