El Senado abre el debate para reformar la Corte Suprema: propuestas para ampliarla y garantizar paridad

Tras el revés que sufrió el Gobierno con las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el Senado comenzará este miércoles a discutir en comisiones una serie de proyectos que buscan reformar la composición de la Corte Suprema de Justicia. Entre las iniciativas presentadas, se proponen modelos con siete, nueve y hasta quince jueces, con enfoques que priorizan la representación federal y la paridad de género.

Uno de los textos centrales que se pondrán sobre la mesa es el del senador salteño Juan Carlos Romero, aliado del oficialismo, que plantea una Corte de siete miembros, con un tope de cinco jueces del mismo sexo, garantizando al menos dos mujeres en el máximo tribunal. “La ampliación otorgará mayor legitimidad al Tribunal y mayor celeridad a sus resoluciones”, sostiene Romero en los fundamentos de su propuesta.

Unión por la Patria, con 34 senadores, será clave para definir el futuro de las iniciativas. Dentro del bloque hay tres proyectos: dos de la neuquina Silvia Sapag y uno de la salteña Nora del Valle Giménez. El primero de Sapag propone una Corte de quince integrantes, con un máximo de ocho del mismo género, y establece un criterio regional: tres jueces por cada una de las cinco zonas del país (Patagonia, Centro, NEA, NOA y Cuyo).

El segundo proyecto de Sapag está enfocado exclusivamente en la equidad de género. Plantea que, independientemente del número de integrantes de la Corte, al menos el 40% deben ser mujeres. Además, exige que todas las vacantes sean cubiertas por mujeres hasta alcanzar esa proporción.

Desde el kirchnerismo no descartan acompañar la propuesta de Romero, aunque exigen mayor presencia femenina. “Los nuestros quieren que sean tres mujeres”, indicó a Clarín un senador de peso dentro de UP, en referencia al número mínimo de juezas. En ese marco, el texto de Sapag podría actuar como complemento.

La propuesta de Nora Giménez, en cambio, mantiene en cinco la cantidad de jueces, pero exige que al menos dos sean mujeres.

Otra iniciativa lleva la firma de la cordobesa Alejandra Vigo, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El texto, respaldado además por Natalia Gadano (Santa Cruz), Gerardo Montenegro (UxP) y Francisco Paoltroni (ex libertario), también mantiene el número actual de cinco integrantes y plantea un piso del 30% de mujeres tanto para la Corte como para todos los tribunales federales colegiados.

El proyecto recuerda el rol del expresidente Néstor Kirchner en la designación de Elena Highton y Carmen Argibay, las dos únicas mujeres propuestas por un mandatario nacional para la Corte. Destacan que ambas promovieron transformaciones institucionales en materia de género, como la creación de las oficinas de Violencia Doméstica y de la Mujer, replicadas luego en gran parte del país.

Por su parte, la rionegrina Mónica Silva, cercana al gobernador Alberto Weretilneck, presentó un texto que eleva a nueve el número de integrantes del máximo tribunal, con una distribución federal que impide más de dos jueces por región. También establece que no puede haber más de cinco miembros del mismo sexo, lo que obligaría a contar con al menos cuatro mujeres. Divide al país en cinco zonas: CABA, Buenos Aires, Norte, Centro y Sur.

“El número de integrantes actualmente no puede ser menor al establecido en la Constitución de 1853, sobre todo si se considera el crecimiento poblacional y el aumento de causas judiciales en los últimos 240 años”, sostiene Silva en los fundamentos.

A lo largo de su historia, la Corte Suprema tuvo 113 miembros, pero apenas tres fueron mujeres, a pesar de que más del 50% de la población argentina es femenina.

También la neuquina Lucila Crexell presentó una propuesta que impulsa una Corte de nueve miembros sin alineamientos partidarios, con un mínimo de un tercio de representación femenina. En la misma línea, el radical Flavio Fama presentó un proyecto que directamente establece la paridad de género como principio rector para la integración del tribunal.

El debate recién comienza, pero ya anticipa una pulseada entre modelos de corte federal, exigencias de equidad y distintos niveles de ampliación institucional.

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