El plan secreto de la SIDE: en la mira, ciberoperadores, mapuches y anarquistas que amenacen la gobernabilidad

Un documento reservado de la Secretaría de Inteligencia que conduce Javier Milei revela los lineamientos de una estrategia diseñada para monitorear y actuar sobre actores locales y extranjeros considerados riesgosos para la estabilidad democrática. La información fue entregada a la comisión bicameral del Congreso en octubre del año pasado, aunque debía haber sido presentada en marzo.

El informe, de 170 páginas, elaborado bajo la dirección de Sergio Neiffert, enumera diez directrices centrales que apuntan a grupos que, según fuentes parlamentarias y exfuncionarios de inteligencia consultados por Clarín, podrían afectar la gobernabilidad, la economía o incluso la seguridad nacional. Entre los señalados figuran ciberoperadores, colectivos anarquistas, y sectores radicalizados del movimiento mapuche, además de actores que promuevan narrativas falsas mediante inteligencia artificial o desde la deep web.

El plan también abarca otros focos de interés clásicos de la inteligencia argentina: el conflicto por las Malvinas, la Antártida, la depredación pesquera en el Atlántico Sur, el terrorismo internacional y el crimen organizado. Asimismo, incorpora el monitoreo de tendencias globales que puedan representar amenazas para el orden constitucional, como procesos de radicalización política o actividades separatistas.

Uno de los puntos más sensibles del documento apunta a los “relatos digitales” que, según el texto, podrían socavar la confianza institucional, influir en elecciones o fomentar decisiones gubernamentales basadas en información falsa. Las fuentes aseguran que esta línea estaría inspirada en casos como el de los trolls rusos que intervinieron en las elecciones de EE.UU. en 2016.

Otra preocupación destacada es la seguridad física del Presidente, miembros del Poder Judicial y el Congreso. La SIDE —rebautizada así tras reemplazar la sigla AFI— plantea que debe colaborar en su protección, un punto que genera debate tras el antecedente judicial contra Mauricio Macri por supuesto espionaje ilegal, causa de la que fue sobreseído.

El informe también propone reforzar la vigilancia sobre ataques a infraestructura crítica, incluyendo centrales nucleares como Atucha I y II o la planta de Río Tercero. La amenaza de ciberataques ocupa un lugar clave: se enumeran riesgos como ransomware, phishing, espionaje digital y sabotajes a sistemas esenciales.

Otro apartado del plan remite al caso de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), liderada por Jones Huala, condenado en Chile por ataques incendiarios. El texto considera que este tipo de organizaciones promueven “acciones separatistas” y podrían comprometer la unidad nacional.

La comisión bicameral de Inteligencia, encabezada por el senador Martín Lousteau, ya citó a Neiffert —aún sin fecha confirmada— para que detalle los alcances del plan, en especial sus aspectos más polémicos. Entre sus integrantes también figuran Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, ligados al kirchnerismo, quienes analizarán el documento en reuniones reservadas.

Por último, el informe sostiene que también deben ser monitoreadas personas o grupos que difundan discursos de odio, discriminación, xenofobia o ultranacionalismo. Algunos de estos temas ya han tenido antecedentes en el país: en 2018 un grupo anarquista arrojó una bomba molotov contra la casa del exjuez Claudio Bonadio, y en 2022 se registró un ataque similar a la sede del diario Clarín.

Con este plan, el gobierno de La Libertad Avanza busca reconfigurar el accionar de la inteligencia nacional con foco en amenazas híbridas, muchas de ellas digitales, que —según el documento— podrían alterar el normal funcionamiento de la democracia argentina.