El Gobierno envía un proyecto de ley para formalizar el “dólar colchón”
La iniciativa enviada al Congreso busca incentivar el uso de los llamados “dólares del colchón” mediante cambios en la ley penal económica y los controles de la UIF.
El Ejecutivo nacional envió al Congreso un proyecto de ley que apunta a estimular la incorporación a la economía formal de los ahorros no declarados. La propuesta, confirmada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, fue firmada anoche por el presidente Javier Milei y ya ingresó en formato digital a la Cámara.
“El proyecto de ley de protección de los ahorros de los argentinos fue enviado al Congreso. Tiene múltiples componentes que modifican normas vigentes, incluyendo montos para la aplicación de la ley penal económica y los plazos de prescripción”, explicó Francos en declaraciones radiales. Según detalló, el objetivo es garantizar que quienes usen sus propios fondos no enfrenten sanciones anteriores y puedan destinarlos al consumo sin trabas legales.
El anuncio coincide con la implementación de nuevas medidas regulatorias impulsadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, que flexibilizan los controles para operaciones en efectivo, compra de propiedades y adquisición de vehículos, todas actividades supervisadas por la Unidad de Información Financiera (UIF).
Entre las modificaciones más relevantes, se elevó el umbral para reportar compraventas inmobiliarias: ahora será obligatorio a partir de los 750 salarios mínimos (unos $235 millones o USD 198.000), más que triplicando el límite anterior de 200 SMVM. Lo mismo ocurre con las operaciones de automotores, cuyo nuevo piso será de $50 millones (USD 42.300), frente a los $26 millones (USD 21.900) previos.
Además, la UIF actualizó el umbral para exigir el perfil del cliente en la compra de vehículos, que pasa de $60 millones (USD 50.600) a $115 millones anuales (USD 97.100). A partir de ese monto, se deberá presentar una declaración jurada sobre el origen y la licitud de los fondos, sin necesidad de certificación contable.
La actualización automática de estos valores queda suspendida hasta enero de 2026, cuando volverá a aplicarse el índice semestral de precios definido por la cámara de concesionarios ACARA.
Con este paquete normativo, el Gobierno busca facilitar el vuelco de capitales informales al circuito económico y estimular la inversión privada sin ampliar la presión fiscal o judicial sobre los ahorristas.
