El Gobierno endurece controles sobre bancos por demoras en transferencias fiscales
El Ejecutivo nacional apunta contra entidades financieras que tardan más de 15 días en transferir al fisco lo retenido en concepto del impuesto a los débitos y créditos bancarios. Además de sanciones económicas, se prevé avanzar con denuncias penales contra los responsables.
La medida surge tras detectar inconsistencias en los plazos de declaración del impuesto comúnmente conocido como “impuesto al cheque”, que representa el 1,2% de cada operación bancaria sujeta al tributo. Aunque el porcentaje pueda parecer menor, el volumen de transacciones convierte al gravamen en una fuente clave de ingresos fiscales.
Una de las entidades bajo la lupa habría manejado movimientos por más de 2.200 millones de pesos en un solo mes, lo que motivó una respuesta inmediata desde el área económica del Gobierno. La infracción a los plazos fijados —cada 15 días— implicará sanciones económicas y judiciales.
En 2024, este tributo recaudó más de 9,4 billones de pesos, creciendo casi un 200% respecto al año anterior y consolidándose como el cuarto impuesto con mayor aporte a la recaudación, solo por detrás del IVA, el Impuesto a las Ganancias y las contribuciones a la Seguridad Social.
Es importante señalar que ciertos movimientos como acreditaciones de sueldos, jubilaciones, préstamos y transferencias entre cuentas del mismo titular están exentas del impuesto.
La fiscalización sobre los bancos coincide con un paquete de iniciativas que buscan fortalecer el control tributario y fomentar el blanqueo de divisas no declaradas. En ese marco, el Gobierno presentó ayer en el Congreso un proyecto que incluye una baja en el umbral para iniciar investigaciones por evasión: de 1,5 millones de pesos a 100 millones. También se propone reducir de seis a tres años el plazo de prescripción del delito fiscal, limitando además la potestad de denuncia penal exclusivamente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Estas medidas, en conjunto, buscan enviar una señal de rigor y orden fiscal en un contexto donde el Gobierno apunta a recuperar reservas y ampliar la base tributaria formal.
