El fiscal Taiano solicita los teléfonos de Javier y Karina Milei por el caso de la criptomoneda $LIBRA

La causa judicial por la presunta estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA avanza con nuevas medidas: el fiscal federal Eduardo Taiano pidió a las empresas de telefonía móvil los números de Javier Milei, su hermana Karina –actual secretaria General de la Presidencia– y tres empresarios que habrían participado en la maniobra investigada.

El objetivo es analizar si existieron comunicaciones entre los hermanos Milei y los empresarios Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, todos con vínculos previos con el entorno presidencial, incluso antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada.

Taiano también ordenó obtener la geolocalización de la línea de Hayden Mark Davis, señalado como el creador del activo digital y quien habría mantenido al menos una reunión con el Presidente. Además, se busca cruzar estos datos con los de Julian Peh, CEO de KIP Protocol, otra firma involucrada en la operación, quien también se entrevistó con Milei en octubre de 2024.

La investigación, a cargo del fiscal y de la jueza federal María Servini, apunta a determinar si hubo delitos en el marco del lanzamiento de $LIBRA, promocionada directamente por el Presidente a través de su cuenta en la red social X, donde el 14 de febrero fijó un mensaje que explicaba cómo adquirir esta nueva criptomoneda.

Minutos antes de esa publicación, un puñado de billeteras virtuales compraron casi toda la emisión inicial de $LIBRA. El valor del activo se disparó tras el posteo de Milei –quien tiene cerca de 4 millones de seguidores en X–, y los compradores iniciales vendieron rápidamente sus tenencias. Horas después, el precio se desplomó.

La Justicia investiga quiénes fueron los beneficiados por esta operatoria y si Javier y Karina Milei obtuvieron réditos económicos a partir de su participación directa o indirecta. En paralelo, un expediente similar se abrió en la justicia federal de Estados Unidos a partir de denuncias de damnificados en ese país, lo que llevó al bloqueo de fondos en billeteras vinculadas a los empresarios investigados.

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