El debate por las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner enfrenta al Poder Judicial y al Gobierno
Mientras se define el lugar donde la ex presidenta cumplirá su condena, surgen cuestionamientos sobre el posible uso político de su residencia.
A días de que Cristina Fernández de Kirchner deba presentarse en Comodoro Py para la ejecución de su condena a seis años de prisión por corrupción, el debate se centra en los términos en los que eventualmente podría acceder al arresto domiciliario. El juez Jorge Gorini, a cargo de la decisión, aguarda el dictamen del fiscal Diego Luciani antes de resolver si la ex mandataria podrá cumplir la pena en su departamento de San José al 1100, donde en los últimos días protagonizó actos de apoyo desde el balcón, lo que ya genera controversias.
La principal preocupación dentro de la Justicia gira en torno a que el domicilio no se transforme en un espacio de actividad política, desvirtuando así el carácter de la pena. El propio Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete Guillermo Francos, expresó sus reparos: “Una cosa es el arresto domiciliario y otra muy distinta permitirle que convierta su casa en una tribuna política”, advirtió.
El análisis jurídico avanza en dos planos: por un lado, la factibilidad técnica del inmueble —ya confirmado como apto— y, por otro, la definición de reglas claras que garanticen el cumplimiento efectivo de la condena sin desnaturalizar el instituto del arresto domiciliario. “Salir al balcón, recibir visitas indiscriminadas o utilizar el lugar para dar mensajes políticos no se ajusta al espíritu de la norma”, explicó un magistrado federal con experiencia en la materia.
Desde los tribunales señalan que la normativa vigente es limitada respecto a las restricciones específicas, y que en general el arresto domiciliario está pensado para situaciones humanitarias, como enfermedades terminales, personas de edad avanzada o con hijos menores a cargo. “No es el caso de la ex presidenta”, plantean.
El Tribunal Oral Federal N° 2, que dictó la condena en diciembre de 2022, será el encargado de coordinar la ejecución de la pena, en un trámite que irá rotando anualmente entre sus integrantes: Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. En paralelo, aún resta definir si, antes de pasar al régimen domiciliario, Cristina Kirchner deberá cumplir un período inicial de detención en una sede del Servicio Penitenciario Federal.
Mientras tanto, sectores del peronismo y organizaciones sindicales ultiman detalles de la movilización prevista para acompañarla este miércoles a Comodoro Py, en una nueva postal que refuerza las tensiones entre política y justicia en torno a la figura de la ex presidenta.
