Cristina Kirchner: un fallo firme de la Corte podría desencadenar nuevas causas y demandas civiles
Si la Corte Suprema de Justicia confirma la condena en contra de Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, las consecuencias judiciales y políticas podrían ser mucho más profundas de lo previsto.
El máximo tribunal analiza desde hace semanas los recursos de queja presentados por la ex presidenta y otras ocho defensas, tras una sentencia condenatoria que ya fue confirmada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) y luego ratificada por la Cámara de Casación Penal. En caso de rechazar esos recursos mediante el artículo 280, la condena quedaría firme.
La sentencia, que implica una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, establece que durante los tres gobiernos kirchneristas se produjo un daño patrimonial al Estado superior a 85.000 millones de pesos, producto de irregularidades en 51 licitaciones viales adjudicadas de manera fraudulenta a Lázaro Báez.
Este fallo firme habilitaría el cumplimiento efectivo de la condena y el bloqueo de la carrera política de Cristina Kirchner, pero también reactivaría un proceso civil iniciado durante la gestión de Mauricio Macri, que busca resarcir al Estado por los perjuicios económicos derivados de obras abandonadas tras pagos completos, con un monto inicial de 22.300 millones de pesos, cifra que el actual gobierno de Javier Milei ha pedido actualizar y hacer efectiva.
Pero la complejidad judicial no termina allí. La condena de Vialidad tiene nexos directos con otras dos causas, Hotesur y Los Sauces, que investigan presuntos delitos de lavado de dinero, dádivas y asociación ilícita vinculados a las empresas familiares de la ex presidenta.
Estas causas están actualmente en etapa de juicio oral, a la espera de fecha para el inicio del debate en el Tribunal Oral Federal 5. Los vínculos entre Cristina Kirchner y Báez son un eje central, ya que la justicia considera que ambos actuaron para obtener “un lucro indebido” y perjudicar al Estado, desviando fondos hacia Hotesur, propietaria del hotel Alto Calafate, y Los Sauces, la inmobiliaria familiar.
Por último, también está pendiente de juicio Vialidad II, que apunta a las autoridades del organismo adjudicador por incumplimientos en sus funciones, ampliando la investigación sobre las responsabilidades en el entramado de corrupción.
En caso de confirmarse el fallo de la Corte, la situación judicial de Cristina Kirchner se complicará notablemente, con múltiples frentes abiertos que abarcan tanto lo penal como lo civil, y un impacto político de alto voltaje.
