Causa YPF: el fiscal analiza nuevas acciones para reactivar el expediente paralizado hace más de una década
Tras el fallo millonario de la jueza Preska en EE.UU., crece la presión sobre el juez Ariel Lijo. Desde el entorno de Elisa Carrió buscan reflotar la denuncia por supuestas irregularidades en la reestatización de la petrolera estatal.
Luego del reciente fallo de la jueza federal Loretta Preska en Nueva York que condenó a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la reestatización de YPF, el fiscal Ramiro González estudia medidas para reactivar una causa local que lleva más de 13 años virtualmente congelada.
La investigación, a cargo del juez federal Ariel Lijo, apunta a determinar si hubo delitos en el proceso de reestatización de la petrolera que impulsó Cristina Fernández de Kirchner en 2012. Pese a múltiples requerimientos del fiscal, el expediente permanece paralizado, mientras Lijo espera resultados de peritajes, exhortos internacionales y reportes de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (Dajudeco) para definir si archiva o avanza con indagatorias.
La causa fue originalmente impulsada en 2006 por Elisa Carrió, y sus actuales aliados en la Cámara de Diputados —Paula Oliveto, Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro— evalúan qué pasos dar para que la investigación no caiga en el olvido. Los legisladores pretenden que, al menos, se determinen responsabilidades locales por las presuntas maniobras irregulares.
El proceso también cuenta con la participación de la ONG Contadores Forenses, representada por Andrés Popritkin, único querellante activo en la causa tras el retiro de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Alberto Fernández.
Popritkin explicó que la última acción significativa fue el envío, en 2023, de un exhorto judicial a la jueza Preska para acceder a los fundamentos de su fallo contra el Estado argentino. En ese pedido, el juez Lijo invocó delitos tipificados en los artículos 172 (estafa), 248 (abuso de autoridad) y 268 (uso indebido de bienes públicos) del Código Penal.
Entre los imputados figuran figuras clave del kirchnerismo: Axel Kicillof —entonces viceministro de Economía y actual gobernador bonaerense—, Carlos Zannini, Roberto Baratta y los empresarios Sebastián y Matías Eskenazi. Enrique Eskenazi, también imputado, falleció este año y su situación penal quedó extinguida.
Desde la Coalición Cívica insisten en que el proceso de reestatización tuvo irregularidades graves. “Lo de YPF no fue un error ni negligencia, fue corrupción”, declaró la diputada Oliveto, quien además criticó la supuesta protección mediática y judicial hacia los responsables. “El juez Lijo permitió que este caso durmiera tanto tiempo que ni siquiera se pudo probar la ilicitud del ingreso del Grupo Petersen, lo que habría frenado el fallo en EE.UU. aplicando la Teoría del Árbol Envenenado”, sostuvo.
La crítica apunta al acuerdo con Repsol, al que el Estado argentino le pagó con bonos por 6.000 millones de dólares y compromisos de intereses por otros 5.000 millones hasta 2033. En cambio, las firmas del Grupo Petersen, pese a haber adquirido el 25% de YPF en tiempos de Néstor Kirchner, no recibieron compensación, lo que desató la demanda internacional que hoy castiga al país.
En 2015, el administrador concursal de las empresas Petersen en España advirtió al gobierno de Cristina Kirchner que, si no alcanzaban un acuerdo, se avanzaría con un arbitraje internacional. Ese escenario finalmente se concretó, con la compra de la deuda por parte del fondo Burford, que ganó el juicio en Nueva York.
Mientras tanto, el fiscal Carlos Stornelli presentó una denuncia paralela para investigar el rol de Roberto Baratta como representante del Estado en el directorio de YPF, aportando documentación detallada sobre su participación en el proceso.
Con la presión judicial y política nuevamente sobre la mesa, la causa YPF se reactiva en los tribunales locales, con múltiples actores intentando evitar que el expediente quede, una vez más, en pausa.
