CABA demora el sistema acusatorio por falta de recursos
El Gobierno prorrogó el nuevo Código Penal por falta de fondos y tensión con la Procuración.
El sistema acusatorio se retrasa en Comodoro Py
El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, decidió postergar por tres meses la implementación del sistema acusatorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque se trata de una medida transitoria, el retraso profundiza la disputa con la Procuración General de la Nación y deja en evidencia una infraestructura judicial deteriorada y sin recursos suficientes para afrontar el cambio.
El nuevo Código Procesal Penal otorga mayor protagonismo a los fiscales en la etapa de investigación y establece que todo el proceso se desarrolle en audiencias orales, con plazos máximos de duración: tres años para causas comunes y seis para las complejas. La transición implica una transformación profunda del rol de los jueces, que dejarán de dictar procesamientos y actuarán como garantes del proceso. En paralelo, se eliminará la Oficina Judicial y la distribución de causas pasará a manos del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Falta de diagnóstico y recursos críticos
Tanto la Procuración como el Consejo de la Magistratura advirtieron sobre la falta de diagnóstico real por parte del Ejecutivo. A través de informes internos, ambos organismos señalaron deficiencias edilicias severas, carencias en recursos humanos y una capacidad operativa limitada para afrontar el nuevo esquema.
Un informe preliminar del Procurador Eduardo Casal alertó sobre “asimetrías, carencias y necesidades” en un contexto de alta litigiosidad, que requiere recursos técnicos y humanos adicionales. El relevamiento determinó que el fuero federal penal de CABA opera en cinco edificios diferentes, todos con graves problemas de espacio. En Comodoro Py, las fiscalías federales de primera instancia y las fiscales ante los tribunales orales funcionan en tan solo 1.598 m², y muchos equipos deben trabajar en sedes anexas. La situación se repite en el fuero penal económico, donde cuatro fiscalías comparten apenas 147 m².
A esto se suma un dato clave: el 40% de los cargos de fiscales federales y nacionales siguen vacantes.
Fricciones institucionales y malestar interno
El anuncio del Ministerio de Justicia generó tensión con el Ministerio Público Fiscal. Si bien desde la cartera de Cúneo Libarona se atribuyó la demora a “años de desinversión” y a una situación de “desidia heredada”, también sostienen que las fallas estructurales no deberían impedir el avance del sistema. Sin embargo, el retraso fue oficializado.
El comunicado causó malestar entre los fiscales por su tono y contenido. Algunos sectores judiciales interpretan que el Gobierno no sólo minimiza las dificultades logísticas, sino que también intenta imponer el cambio sin un “plan integral” que garantice su funcionamiento.
Mientras tanto, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura trabajan en la proyección del tiempo necesario para resolver las causas en curso que no ingresarán al nuevo sistema. No hay aún una fecha definida para la implementación en Comodoro Py.
Enlace interno sugerido:
Qué implica el sistema acusatorio y cómo cambia el rol de jueces y fiscales
Enlace externo sugerido:
Informe completo del Consejo de la Magistratura sobre Comodoro Py (PDF)
