Burford busca negociar con Argentina tras el fallo por la expropiación de YPF

Tras el reciente fallo de la jueza Loretta Preska que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los demandantes, el principal beneficiario del juicio, el fondo Burford Capital, dejó trascender que está dispuesto a negociar una alternativa al cobro inmediato de los más de USD 17.000 millones que le reclama al Estado argentino.
La propuesta, según fuentes con conocimiento directo, incluiría aceptar bonos soberanos y extender los plazos de pago. El Gobierno de Javier Milei ya anticipó que apelará la sentencia, pero los contactos entre las partes vienen desde hace meses, cuando el Ejecutivo nacional aún hablaba de privatizar la petrolera.
Burford cuenta con un influyente operador local para facilitar las negociaciones: el ex banquero Gerardo “Gerry” Mato, con fuerte llegada a Wall Street y al sistema político estadounidense. Mato trabajó más de dos décadas en entidades como HSBC y Merrill Lynch, y participa activamente en foros empresariales como el Council of the Americas.
El fallo de Preska, dictado en septiembre de 2023, condenó a la Argentina por “mala praxis expropiatoria” al ignorar a los accionistas minoritarios durante la estatización de 2012, cuando solo se compensó a Repsol. Desde entonces, la deuda reclamada se incrementó por intereses.
Además del litigio principal, Burford impulsa otras acciones judiciales en Nueva York, como pedidos de embargo y presentaciones que apuntan a demostrar que el Estado argentino controla YPF de manera directa, en un intento por presionar al Gobierno para sentarse a negociar.
Mientras tanto, el escenario judicial tiene otros movimientos. La ONG Republican Action for Argentina (RAFA) presentó una apelación que Preska desestimó, y se espera que la Corte de Apelaciones estadounidense pueda tardar un año en resolver la causa, incluyendo la etapa de argumentaciones orales.
En paralelo, la industria del litigation funding —que sustenta el negocio de Burford— vivió momentos de tensión en EE.UU., tras un intento legislativo del senador republicano Thomas Tillis para imponer una carga impositiva del 40% a ese tipo de actividades. Aunque el proyecto habría sido finalmente descartado, generó un temblor en el sector, en un contexto político aún incierto y con Donald Trump ganando peso en la agenda legislativa.
Por ahora, el Gobierno argentino evalúa el escenario judicial y financiero, mientras Burford insiste en que el fallo, en sus términos actuales, es “de cumplimiento imposible”, pero se muestra abierto a buscar una salida negociada.