La RAE conservó en su nuevo diccionario la definición de “judío” cuestionada por discriminatoria
La acepción que describe a una persona como “avariciosa o usurera” continúa vigente, pese a que en 2024 el juez Ariel Lijo ordenó eliminarla por considerarla un discurso de odio. La DAIA reconoció que no logró notificar formalmente a la institución española sobre la resolución judicial.

La Real Academia Española (RAE) mantuvo en la nueva edición de su diccionario una definición del término “judío” que había sido cuestionada por su carácter discriminatorio. Se trata de la acepción que describe a una persona como “avariciosa o usurera”, cuyo retiro había ordenado el juez argentino Ariel Lijo a fines de septiembre de 2024.
La resolución judicial consideró que esa definición constituía “un discurso de odio que incita a la discriminación por motivos religiosos”, en los términos de la ley 23.592. Sin embargo, la medida nunca llegó a concretarse porque la RAE no recibió una notificación formal del fallo.
El conflicto comenzó en 2021, cuando organizaciones de la comunidad judía solicitaron directamente al director de la institución, Santiago Muñoz Machado, que modificara la definición. En enero de 2023, el titular de la Academia rechazó el pedido y argumentó que no correspondía eliminar una acepción respaldada por el uso del idioma, aunque resultara socialmente inapropiada. Como alternativa, la RAE incorporó una advertencia sobre su carácter ofensivo o discriminatorio.
Ante esa respuesta, la Fundación Congreso Judío Mundial y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) impulsaron una denuncia penal en Argentina contra Muñoz Machado y otras posibles personas responsables de la institución.
Según reconstruyó Clarín, la orden de Lijo quedó paralizada porque no se encontró un mecanismo para hacerla llegar a Madrid. Desde la RAE aseguraron reiteradamente que nunca recibieron el documento judicial.
La DAIA reconoció que no consiguió completar la notificación. Una de las alternativas evaluadas era tramitar un exhorto diplomático, pero, según fuentes de la entidad, no hubo avances. También señalaron dificultades para obtener colaboración de la Cancillería española, que habría considerado que el pedido no correspondía a una asistencia jurídica penal.
La organización explicó que era necesario que un abogado en Madrid iniciara el trámite judicial para hacer efectiva la comunicación. Sin embargo, el procedimiento resultó demasiado complejo y no prosperó.
La Cancillería argentina evitó hacer comentarios y la Embajada española no había respondido al cierre de la publicación. Mientras tanto, la definición cuestionada continúa en el diccionario.
