El cambio en el RIGI abrió una disputa entre la industria y los proveedores mineros por las compras locales
La UIA respaldó el decreto que permite computar como nacionales los contratos de filiales argentinas de grupos extranjeros para cumplir con el mínimo de abastecimiento local. Los proveedores advierten que la flexibilización puede perjudicar a las empresas de capital nacional y a las pymes.

La modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió una controversia entre la industria y los proveedores mineros y energéticos. El Gobierno amplió la definición de proveedor local y habilitó que las compras a filiales argentinas de compañías extranjeras se contabilicen dentro del 20% mínimo de contratación nacional exigido por el régimen.
La discusión se instaló luego de que Vicuña, el proyecto de cobre desarrollado por la australiana BHP y la canadiense Lundin en San Juan, adjudicara a dos empresas argentinas la construcción de tres campamentos para alojar a 1.350 trabajadores. Las ganadoras fueron Modular Homes, con una planta en Pocito, y BMI Constructora, con sede en Salta. La licitación había comenzado en junio, antes de la publicación del decreto.
La Unión Industrial Argentina (UIA) respaldó la modificación. Argumentó que permite reconocer a compañías que producen y tributan en el país, aunque su capital sea mayoritariamente extranjero. También destacó que se mantiene la obligación de acreditar el origen nacional de los bienes bajo las reglas del Mercosur. Como ejemplo, dentro de la entidad mencionaron a Toyota, empresa japonesa que fabrica la Hilux en Argentina.
La postura contrasta con la preocupación de los proveedores locales. Leonardo Brkusic, del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), cuestionó la medida y advirtió que puede reducir las oportunidades de las pymes nacionales. Según planteó, las empresas operadoras tendrán más margen para cumplir con el porcentaje de compras locales sin necesariamente contratar fabricantes argentinos.
El antecedente de Vicuña ya había generado polémica en junio, cuando adjudicó parte de otro campamento a un consorcio integrado por las chinas PowerChina y Beijing Chengdong y la santafesina RAFA. Los proveedores mineros cuestionaron que los módulos fueran fabricados en China.
El GAPP también reclamó controles estrictos sobre el origen y la calidad de los equipos importados. Advirtió que, si la verificación es débil, podría resultar más conveniente fabricar componentes en Asia y realizar el ensamblado final en Argentina.
Un relevamiento de la entidad sobre doce proyectos mineros registró una participación local promedio cercana al 47%, aunque incluye obras y no permite identificar cuánto corresponde a equipos y componentes fabricados en el país.
