España tuvo una huelga general con adhesión desigual y fuertes protestas por la vivienda

El paro nacional, el primero respaldado por los principales sindicatos en 14 años, incluyó cortes de rutas, interrupciones en el transporte y enfrentamientos con la policía. El Gobierno consideró legítimos los reclamos, mientras la oposición cuestionó la convocatoria.

España atravesó el miércoles una huelga general de 24 horas contra la crisis habitacional y la pérdida de poder adquisitivo. La medida, convocada a menos de tres semanas de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre, provocó interrupciones en el transporte público, cortes de rutas y paralizaciones en sectores industriales.

Fue el primer paro general respaldado por las principales centrales sindicales desde 2012. Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) encabezaron la convocatoria junto con otras organizaciones, entre ellas CGT, CNT y el Sindicato de Inquilinas.

El seguimiento fue dispar según las regiones y las actividades. Los sindicatos calificaron la jornada como un éxito y destacaron la participación en manifestaciones y centros industriales. La patronal, en cambio, sostuvo que el impacto fue limitado y consideró que el paro había fracasado.

Las protestas tuvieron como eje el acceso a la vivienda, el aumento de los alquileres y la necesidad de mejorar los salarios. La convocatoria se produjo después de meses de movilizaciones y tuvo como antecedente el desalojo de una mujer de 87 años, Maricarmen Abascal, que falleció pocos días después.

En Madrid y Barcelona se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Reuters informó que hubo 115 detenidos en todo el país.

El Gobierno de Pedro Sánchez consideró legítimos los reclamos, aunque evitó respaldar explícitamente la medida. Desde el Partido Popular y otros sectores opositores cuestionaron la huelga por su proximidad con las elecciones y la calificaron de política y electoralista.

La jornada expuso la centralidad que adquirió la crisis de vivienda en la campaña electoral y la presión sobre el Ejecutivo en un contexto de creciente conflictividad social

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