Cuatro funcionarios de un organismo sanitario de EE.UU. tienen inversiones en laboratorios
Los integrantes del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos, designados por Robert F. Kennedy Jr., poseen acciones en compañías farmacéuticas cuyos productos pueden verse afectados por las recomendaciones del organismo. Recibieron exenciones que les permitieron asumir pese a los conflictos de intereses.
Cuatro de los ocho especialistas nombrados en septiembre por el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., para integrar un influyente organismo sanitario tienen inversiones en empresas farmacéuticas y de servicios médicos. La información surge de documentos públicos consultados por The New York Times, que detallan las exenciones por conflictos de intereses otorgadas a los funcionarios.
El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos evalúa la evidencia científica sobre prácticas como las colonoscopías, los medicamentos para prevenir el VIH y los exámenes de detección de depresión. Sus recomendaciones influyen en las decisiones médicas y determinan qué tratamientos y prestaciones deben cubrir las aseguradoras y empresas de medicina prepaga. También pueden afectar la reputación y la rentabilidad de medicamentos y dispositivos médicos.
Entre los integrantes que recibieron dispensas figuran los médicos Patrick K. Hunter, Ronald P. Karlsberg, Venkatesh L. Murthy y Dennis W. Wulfeck. Los cuatro poseen acciones en los laboratorios Eli Lilly y Johnson & Johnson.
Hunter también tiene inversiones en Bristol Myers Squibb y otras nueve compañías. Karlsberg declaró participaciones o intereses financieros en Merck y otras 16 empresas. Murthy posee acciones en Merck, Pfizer, la aseguradora Cigna y otras 16 firmas. Wulfeck, por su parte, tiene inversiones en Novo Nordisk, Pfizer, CVS Health y otras 17 compañías.
Exintegrantes del organismo y antiguos funcionarios federales advirtieron que estas situaciones pueden comprometer la independencia científica y debilitar la confianza pública. Según Quyen Ngo-Metzger, quien entre 2012 y 2019 evaluaba los conflictos de intereses en la agencia responsable del grupo de trabajo, históricamente se exigía a los candidatos vender las acciones vinculadas con la industria médica para poder asumir.
La situación cambió después de la llegada de Donald Trump y Kennedy al gobierno y de un fallo de la Corte Suprema que otorgó al secretario de Salud mayor control sobre el organismo. El Departamento de Salud sostuvo que sus integrantes ahora tienen una condición jurídica diferente, la de “personal público especial”, que contempla otros requisitos éticos.
La vocera Emily Hilliard afirmó que las exenciones otorgadas cumplen con los estándares legales y que la Agencia de Investigación y Calidad de la Atención Médica está actualizando sus procedimientos para adaptarlos a los cambios. Mientras tanto, Wulfeck se negó a comentar sus inversiones y los otros tres especialistas no respondieron a las consultas del diario.
