La Justicia convocará a los propietarios de Suizo Argentina por la causa ANDIS
El juez federal Ariel Lijo iniciará el 29 de octubre una ronda de indagatorias a los dueños de la droguería. La investigación busca determinar las responsabilidades en una presunta maniobra de control sobre la Agencia Nacional de Discapacidad y las compras de medicamentos de alto costo.
La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumará nuevas declaraciones judiciales a partir del 29 de octubre. El juez federal Ariel Lijo indagará a los propietarios de la droguería Suizo Argentina, señalados en la acusación por su presunta participación en un esquema que habría condicionado el funcionamiento del organismo.
Según la hipótesis investigada, la empresa habría cooptado la agencia hasta agosto de 2025 y controlado las compras de medicamentos de alto costo. La Justicia busca establecer cómo se desarrollaron esas operaciones, qué intervención tuvieron los involucrados y si existieron responsabilidades penales en los hechos denunciados.
La convocatoria a indagatoria representa una instancia relevante del proceso, porque permitirá que los acusados conozcan formalmente los hechos que se les atribuyen y ejerzan su derecho a declarar o a abstenerse de hacerlo. La medida no implica, por sí misma, una condena ni determina la responsabilidad penal de los citados.
La investigación se concentra en el vínculo entre la droguería y el organismo estatal encargado de políticas relacionadas con la discapacidad. El presunto control sobre las adquisiciones de medicamentos de alto costo constituye uno de los ejes de la acusación, debido a la importancia de esas compras para la provisión de tratamientos.
La información disponible no detalla el monto total de las operaciones bajo análisis ni identifica todas las contrataciones que podrían estar comprometidas. Tampoco precisa qué elementos probatorios serán expuestos durante las indagatorias.
La ronda de declaraciones comenzará el 29 de octubre y permitirá avanzar en el esclarecimiento de la presunta operatoria. A partir de esas actuaciones, el juzgado podrá evaluar los argumentos de los imputados junto con las pruebas reunidas.
El expediente deberá determinar si existió el mecanismo denunciado, cuál fue su alcance y qué participación tuvo cada una de las personas investigadas. Hasta que exista una resolución judicial, las acusaciones deberán considerarse hipótesis sujetas a comprobación.
