Malvinas: la Argentina recurrirá a un tribunal internacional para intentar frenar la explotación petrolera
El Gobierno presentará esta semana un planteo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar una medida cautelar que suspenda las operaciones en la Cuenca Norte. La iniciativa apunta al proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Rockhopper y Navitas, y forma parte de la estrategia diplomática de Javier Milei para reclamar la soberanía del archipiélago.
La administración de Javier Milei avanzará esta semana con una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar detener la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean las Islas Malvinas. El objetivo es conseguir una medida cautelar que suspenda las operaciones petroleras previstas en la denominada Cuenca Norte, donde se desarrolla el proyecto Sea Lion.
La iniciativa involucra a las empresas Rockhopper, de origen británico, y Navitas, de Israel. Ambas compañías impulsan actividades de exploración y explotación en una zona cuya soberanía reclama la Argentina. Para el Gobierno, esas operaciones constituyen una explotación unilateral de recursos naturales en un área marítima en disputa.
La presentación será impulsada por abogados de la Procuración del Tesoro, con participación de la Consejería Legal de la Cancillería, encabezada por el embajador Mario Oyarzábal. Desde el Ejecutivo explicaron que el tribunal, con sede en Hamburgo, Alemania, es un órgano independiente de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
El canciller Pablo Quirno sostuvo que el procedimiento representa un paso inédito en la controversia por las actividades británicas en el área. El tribunal está integrado por 21 magistrados, entre ellos una jueza argentina, Frida Armas, actual vicepresidenta del organismo.
La Argentina espera obtener una resolución que permita suspender las operaciones, aunque el tribunal no tiene competencia para resolver directamente la disputa de soberanía. Sí podría analizar si una de las partes puede explotar unilateralmente recursos no renovables en una zona litigiosa.
La ofensiva diplomática también incluye sanciones económicas contra las empresas involucradas y un proyecto de ley orientado a reforzar la seguridad, la defensa y el control de los recursos nacionales. El Gobierno británico cuestionó las medidas argentinas, mientras que las cotizaciones bursátiles de las compañías afectadas registraron una fuerte caída tras el anuncio de las sanciones.
